El reajuste de la mesa del sector público, que agrupa a 16 confederaciones, terminó este miércoles de madrugada y aunque se llegaron a algunos acuerdos, específicamente en materia laboral y económica, no todos firmaron el pacto.
Por René Martínez Rojas
La ANEF y otros cinco estamentos se restaron de firmar el acuerdo básicamente porque para quienes dependen de un salario, advierten desde la asociación de empleados fiscales, el piso es recuperar el poder adquisitivo.
«En materia económica fue ampliamente rechazada justamente por la ANEF, la agrupación más grande de nuestro país, por cuanto es un detrimento hacia la remuneración de los trabajadores, ya que se está estableciendo que en diciembre vamos a tener un reajuste del 2%, y recién en junio del próximo año, se va a terminar de reajustar con el IPC completo, que sería con el 1.4%», explica el presidente regional de la organización, Patricio López.
Entonces -esgrime- ese es uno de los principales reclamos que se está haciendo.
«De hecho, no fue una negativa aislada, pues seis de las 16 organizaciones se restaron de este acuerdo y no lo aceptaron», agrega.
Si bien el Gobierno dio a conocer el visto bueno con la mayoría de las mesas negociadoras, «de nuestra parte obviamente que necesitamos seguir conversando y mejorar las condiciones, por lo cual tenemos que concurrir como ANEF al Congreso Nacional y hablar con cada uno de nuestros parlamentarios para que vean la situación».
Respecto del porqué no se firmó el reajuste del 3,4% para 2026, explica que es principalmente «porque muchos piensan que estar trabajando en el Estado, en los servicios públicos, es tener grandes sueldos como los de un ministro, por ejemplo, y no es así. La realidad es que tenemos muchos servicios con sueldos mínimos y que el reajuste no significa prácticamente nada. Es decir, el reajuste en un año está significando 3 mil o 5 mil pesos, así que esa es la realidad que tenemos con nuestros servicios públicos y estamos perdiendo poder adquisitivo, porque vamos a estar durante 6 meses con menos del valor o del IPC».
Para ellos, ideal llegar a una buena propuesta antes de que asuma el próximo mandatario, «pues no solamente es el aspecto económico el que se está tomando en cuenta, dado que existen otros aspectos laborales que también nos interesa que se estén estableciendo y queden bien regulados. Porque a nosotros en estos momentos se nos despide y no tenemos derecho a ninguna indemnización ni nada. Entonces, la desvinculación es gratis para el Estado…».
Por lo mismo, esperan que exista una regulación respecto de la confianza legítima, «en el sentido de que no sea tan fácil desvincular a un funcionario, sino que sea con fundamentos legales y no al antojo de la autoridad lo que se esté permitiendo como actualmente ocurre».
Reitera López que no es solo un tema económico, «sino también social», debido a que abarca muchos aspectos, «por ejemplo el teletrabajo y la seguridad de los trabajadores en el caso de agresiones. El elemento económico es el más llamativo, es cierto, pero es uno más dentro de todo lo que estamos viendo. Deseamos que esté acordado ideal el próximo mes o cuando el Congreso retorne a sus funciones».
A nivel regional la ANEF tiene 4.800 funcionarios y existe «un temor generalizado» porque hay que tener en cuenta que, en el gobierno central, «que dependemos directamente del presidente de la República, a través de su ministerio, somos cerca de 400.000 funcionarios, y se está señalando por los asesores del presidente electo que se quiere desvincular a 180.000. Eso es gravísimo y significa en la realidad, dejar a servicios sin personal».
