Lo que comenzó como el sueño de muchas familias por tener una parcela y levantar su hogar en las afueras de Coquimbo, terminó convirtiéndose en un conflicto judicial y social que hoy tiene a decenas de personas en Majada Blanca viviendo con la incertidumbre de perderlo todo.
Por Joaquín López Barraza
El caso salió nuevamente a la luz tras las acciones legales impulsadas por el abogado Alejandro Navarro Martínez, representante del propietario de los terrenos, quien acusa una ocupación ilegal y advierte que en el lugar existirían «ventas irregulares de derechos y uso indebido de suelos agrícolas».
Sin embargo, los pobladores del sector tienen otra versión: aseguran que pagaron por sus terrenos, que recibieron documentos y que durante años intentaron regularizar ante Bienes Nacionales, sin éxito.
«Pagamos por nuestras casas, no somos ocupantes»
Una de ellas es Ana Abarza, residente en la calle Las Palmas, quien dice vivir allí hace trece años. «Compré mi propiedad por seis millones de pesos al hijo del dueño, René Arce Triviño. Antes tenía trato con su padre, pero él falleció y nunca alcanzó a entregarme la escritura. Ahora el hijo desconoce la venta y dice que solo tengo derechos», relata.
Ana muestra recibos de pago, boletas de contribuciones y un documento firmado por Arce, titulado ‘Recibo de dinero para reserva de parcelas’, donde se establece que la compradora debía «esperar el tiempo necesario para las diligencias de posesión efectiva, sin exigir fecha estimada», a cambio de que el vendedor «guardara el sitio y mantuviera su precio». El valor acordado: tres millones de pesos.
«Al final, nunca hubo una compraventa real, sino la promesa de una», explica la abogada Claudia Cereceda, quien representa a la Organización Multisectorial para el Progreso sector Rural Cordillera. «El documento no tiene validez para transferir dominio, y en algunos casos se vendieron derechos sobre bienes comunes de la reforma agraria, lo que no es legal sin juicio de partición. Hay familias que actuaron de buena fe, pero fueron mal orientadas o derechamente engañadas».
La versión de los pobladores
Los vecinos aseguran que, tras cumplir con los requisitos del Decreto Ley 2.695 —construcción, cercado y residencia permanente por más de cinco años—, iniciaron el proceso para regularizar sus terrenos, pero que éste fue detenido por Bienes Nacionales luego de que el abogado Navarro interpusiera reclamaciones.
Cristian Osorio, dirigente del sector, explica: «Nos dijeron que podíamos tramitar la regularización, pero cuando el abogado del dueño presentó oposición, todo quedó detenido. Sentimos que esto es un loteo mal hecho desde el principio, no una toma. Aquí hay personas que llevan casi diez años viviendo, pagando contribuciones, levantando sus casas con esfuerzo».
Osorio añade que varios vecinos han enfrentado «amenazas de desalojo y hostigamientos» y que incluso «una retroexcavadora intentó derribar la vivienda de un adulto mayor con discapacidad».
La posición de Bienes Nacionales
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales confirmaron que no se están tramitando nuevas regularizaciones en Majada Blanca, dado que el polígono se encuentra en situación irregular y con conflicto de dominio vigente.
«En el último tiempo se han rechazado más de 30 expedientes. Mientras exista oposición de parte de quien alega ser propietario, los casos deben resolverse en tribunales», señalaron desde la institución, agregando que los antecedentes están siendo revisados «para determinar si hubo loteo irregular o ventas fraudulentas».
Un conflicto que expone vacíos legales
El abogado Alejandro Navarro, representante del propietario, ha sido enfático en que «no existe ninguna autorización ni justo título que respalde las ocupaciones». Afirma que la venta de derechos «fue un mecanismo para simular traspasos inexistentes» y que «se han detectado incluso intentos de reventa de terrenos ya vendidos».
