Un rápido operativo coordinado entre la PDI y la policía de Paraguay permitió la detención de un hombre venezolano y una mujer paraguaya en La Serena, acusados de captar jóvenes en el extranjero con ofertas de trabajo para luego obligarlas a ejercer el comercio sexual.
Un trabajo coordinado y exprés entre la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y sus pares de Paraguay logró desbaratar en menos de 72 horas una red de Trata de Personas que operaba desde La Serena.
La rápida acción policial culminó con la detención de una pareja –un venezolano irregular y una paraguaya– que captaba a jóvenes en Asunción bajo falsas promesas de empleo, para luego obligarlas a la explotación sexual en la Región de Coquimbo.
El origen de la investigación fue una crucial alerta internacional. El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, explicó que se recibió la información desde Asunción a través de la Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE), respecto a una ciudadana paraguaya de 18 años que se encontraba en cautiverio en Chile.
El fiscal regional, Patricio Cooper, detalló que la alarma la dio un familiar en Paraguay, luego de que «una de las víctimas pudo escapar de sus captores en un momento dado y llamar por teléfono, llamar a los familiares». Ante la gravedad, los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía Regional de Coquimbo, que instruyó el despliegue inmediato de la PDI.
Equipos especializados de la Bipe Antisecuestros y la Brigada de Trata de Personas (Britrap) Metropolitana se desplegaron en La Serena, logrando ubicar a la víctima y a otras dos mujeres de la misma nacionalidad, todas jóvenes de 18 años.
Engaño, deuda
y explotación
El fiscal Cooper detalló el modus operandi que permitió la detención de los imputados. La pareja se dedicaba a contactar a jóvenes en Paraguay ofreciéndoles un trabajo lícito en Chile como niñeras o asesoras del hogar. Una vez en el país, eran sometidas a un sistema de coerción.
«Lo que hacían acá era que efectivamente las coaccionaban, les quitaban el pasaporte, quedaban endeudadas con estas personas, y era para el fin de explotación sexual», afirmó Cooper. La investigación identificó el departamento en calle Cuatro Esquinas como el lugar donde se ejercía el comercio sexual.
Los roles estaban definidos: el ciudadano venezolano, en condición migratoria irregular, y su pareja de nacionalidad paraguaya, quien era la encargada de contactar a las mujeres en su país de origen y de ubicar a los clientes en Chile.
Formalización y
coordinación
Los imputados fueron formalizados el 5 de diciembre por el delito de Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. El tribunal dio por acreditado el delito y la participación de ambos, acogiendo la petición del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para el imputado venezolano.
No obstante, en el caso de la imputada paraguaya, el tribunal estimó que, por encontrarse embarazada y tener una hija, debía quedar con arresto domiciliario total y arraigo nacional, decisión que fue apelada inmediatamente por el Ministerio Público.
Ambas autoridades destacaron que la clave del éxito fue la rapidez. El subprefecto Barrientos concluyó sobre la importancia del sistema de alerta: «Ahí nos damos cuenta los resultados que permiten sacar provecho a esta Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro de Exploración. Es información que llega de manera instantánea, rápida, eficaz», una clara muestra de cómo se combate el crimen organizado internacional.
