A más de un año y medio del homicidio de Cristian Pacha, su hermana Alexandra enfrenta el veredicto dictado el pasado 20 de octubre buscando recalificar el delito. Entre trámites y negativas, insiste que la «justicia no ha estado a la altura».
Por: Valentina Echeverría O.
El pasado 30 de octubre, la hermana de Cristian Pacha, interno asesinado dentro del penal de Huachalalume en febrero del 2024, presentó un recurso de nulidad parcial para revertir la sentencia que condenó a Hugo Trujillo a 12 años de cárcel por homicidio simple, debido a quedar inconforme con el veredicto.
El abogado, José Luis Medina, representante de la querellante, sostuvo que el crimen fue premeditado y debe ser tipificado como homicidio calificado. En paralelo, su hermana, Alexandra Pacha denuncia que el proceso ha estado marcado por omisiones institucionales, falta de transparencia y escaso apoyo jurídico. «Mi hermano murió bajo custodia del Estado y nadie ha respondido. No ha habido empatía ni acompañamiento».
«Hubo premeditación»
El abogado, explicó que el recurso se basa en la causal del artículo 373 letra B del Código Procesal Penal, por errónea aplicación del derecho y sostiene que el tribunal reconoció en su propio fallo que el condenado se alejó tras la discusión dada en el recinto, fue a buscar un arma y volvió minutos después para atacar, lo que configuraría premeditación conocida.
«El propio fallo demuestra que hubo deliberación. No fue un acto impulsivo, sino una decisión consciente de matar. El agresor sabía dónde estaba el arma, tuvo tiempo para reflexionar y ejecutó su propósito al regresar y propinar no una, sino que doce puñaladas».
El recurso busca que la Corte de Apelaciones revoque parcialmente el fallo y re-encuadre los hechos en el artículo 391 N 1 del Código Penal, con penas que van desde 15 años y un día hasta presidio perpetuo.
La sentencia impugnada
El fallo del 20 de octubre estableció que el ataque ocurrió cerca del mediodía en el módulo 58 del penal de Huachalalume. El tribunal condenó al autor como responsable de homicidio simple, al estimar que no hubo planificación ni ensañamiento comprobado y valoró que Gendarmería actuó conforme a los protocolos, brindando atención médica inmediata.
La defensa de la familia, sin embargo, disiente de esa interpretación y sostiene que los hechos acreditados «revelan planificación y voluntad de matar».
Para Alexandra, hermana y ahora tutora legal de la hija de la víctima, el proceso ha sido una «lucha cuesta arriba» asegurando que «mi hermano no tuvo asistencia médica porque Gendarmería no tenía personal médico en el hospital penitenciario, no había funcionarios para activar los protocolos y él falleció desangrado tras estar más de 45 minutos agonizando».
«He tocado puertas en Gendarmería, en la Fiscalía, en el Centro de Apoyo a Víctimas (CAVI) y nadie ha querido escucharme. No nos han entregado el sumario administrativo, ni información, ni orientación. Es como si la vida de mi hermano no importara».
Ella sostiene que ha sentido discriminación por ser familiar de una persona privada de libertad, y acusa que la justicia no tomo en cuenta la declaración que ella dio. «Mi hermano me advirtió meses antes que su vida corría peligro, y ese testimonio no se usó para la sentencia».
Críticas al acompañamiento penal
La hermana también cuestionó la labor del Centro de Apoyo a Víctimas, al que reclamó la falta de acompañamiento técnico durante el juicio oral. En un correo enviado al coordinador del programa, expresó su «profundo descontento por la escasa importancia» que percibió en la representación penal.
«No buscamos privilegios, solo justicia y transparencia. Yo puedo pagar un abogado, tengo estudios y me he informado mucho del tema para que se haga justicia por mi hermano y no lo he logrado. Pienso en las personas que tienen que pasar por este mismo proceso sin tener las herramientas necesarias. Es una decepción que he recibido en este proceso».
