Matías Riffo, presidente regional, asegura que la justicia es la encargada de investigar, y lamenta la «filtración y el intento de espionaje». En tanto, desde la oposición hablan de hechos «graves» y «financiamiento irregular»
Por René Martínez Rojas
Aunque el presidente Gabriel Boric no está imputado ni citado como testigo, la controversia, que estalló el viernes, surgió tras la divulgación de una conversación entre él y Josefina Huneeus, psiquiatra y exesposa de Alberto Larraín, fundador de la Fundación ProCultura –en 2019- y excolaborador del mandatario.
En la región de Coquimbo la situación no ha pasado desapercibida, y mientras en el Frente Amplio, partido del propio Boric, defienden su accionar, en la oposición hacen un emplazamiento e incluso señalaron que estos hechos «son graves».
Desde Renovación Nacional, la presidenta regional Vinka Pusich sostuvo que los antecedentes que se han revelado en la investigación que tiene a cargo el fiscal regional Patricio Cooper, «son gravísimos y no solo dan cuenta de corrupción, sino también de financiamiento irregular de campañas políticas de diversas autoridades del Frente Amplio y también del propio Presidente Boric».
Argumenta que «quienes venían a hacer las cosas distintas con un estándar moral superior, han resultado ser miembros de una red de corrupción con un sistema articulado en orden a obtener ingresos multimillonarios para sus fines políticos. Condenamos estos hechos y esperamos que se siga adelante hasta la condena de todos los responsables».
Para Evópoli, lo ocurrido con la Fundación ProCultura «es otra señal de alarma que deja en evidencia la profunda negligencia del Estado en la fiscalización del uso de recursos públicos».
A juicio de Joceline Ibacache, su presidenta regional, «no se trata de colocar en duda a todas las fundaciones, pues muchas de las cuales hacen un valioso trabajo, pero sí exigir transparencia, control efectivo y resultados medibles. El Estado no puede seguir siendo una caja abierta sin rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de fondos que deberían ir a resolver problemas urgentes en las comunidades. Se necesita una regulación estricta, controles implacables, fiscalización real y sanciones ejemplares. Desde Chile Vamos decimos con total claridad: tolerancia cero con la corrupción, cero espacio para el abuso, y cero excusas para quienes se aprovechan, haciendo del dinero público su negocio».
No hay vínculo
En el Frente Amplio «no existe ningún indicio que vincule financieramente al partido con la fundación investigada», afirma su presidente regional Matías Riffo.
Además, sostiene que «la justicia es la encargada de investigar y todo Chile espera que se resuelvan este y todos los casos que existen. Pero no me queda claro cuál es el vínculo que se hace con el partido, porque primero se han hecho escuchas telefónicas ilegales, y segundo, esas escuchas no dan cuenta de algún delito que pueda vincular a nuestro partido»
Desde la oposición hablaron de «un cartel» y «corrupción» al interior del Frente Amplio. Al respecto, Riffo advierte que «la justicia es la encargada de determinar eso. Pero sí me parece que las escuchas que se hicieron ilegalmente constituyen espionaje y atenta directamente contra las libertades individuales de las personas, por lo que es muy grave».
Desde Coquimbo, sin embargo, dice estar observando al igual que toda la ciudadanía, y reitera que «mientras no haya elementos que vinculen a nuestro partido con este caso, estamos tranquilos. Sí nos preocupa la filtración y el intento de espionaje al presidente de la República. No sé si la gente de la derecha, que está utilizando maliciosamente esto, se da cuenta de la gravedad que significa para nuestra democracia».
El caso ProCultura está vinculado al denominado «Caso Convenios,» una investigación que incluye diversas fundaciones que habrían recibido fondos públicos mediante tratos directos sin la debida fiscalización.
