A días de revelarse nuevas irregularidades en el ente municipal, el abogado asesor del municipio, Adrián Vega, detalla cómo se originó la investigación, los mecanismos detectados y las responsabilidades que hoy se indagan.
Por Joaquín López Barraza
¿Cómo se detectó por primera vez la existencia de estos funcionarios «fantasma»?
Cuando se nos convocó a estudiar el caso, atendido el desfinanciamiento de Educación, ya teníamos identificado que las asesorías técnicas educacionales podían ser un flanco, porque la Superintendencia de Educación rechazaba reiteradamente esos planes.
En paralelo, al consultar a directivos actuales de la corporación sobre otras brechas donde se pudieran estar gastando recursos de la Subvención Escolar Preferente, se mencionó la contratación de personas a honorarios.
Se revisaron las boletas emitidas con cargo a esos fondos y, al preguntar en los colegios, muchos directores dijeron: «no conozco a esta persona». Por eso se levantaron esos 95 nombres, que ahora deben investigarse para determinar por qué los directores no los reconocen, considerando que sus remuneraciones fueron pagadas con recursos de cada colegio.
Entonces, ¿esto se origina durante esta administración o viene de antes?
Esto surge durante la actual administración, a partir de un levantamiento de información que buscaba entender por qué el área de Educación estaba tan desfinanciada y en qué partes del sistema podían haberse malgastado los recursos. Y allí surgió este tema: que podía existir una contratación abusiva de estos servicios profesionales para los planes de mejoramiento educativo.
Por eso se levantó la información directamente con los directores, a quienes se les descontaban proporciones de subvención para cubrir el pago de estas personas, y muchos de ellos dijeron que no prestaban servicios en sus establecimientos.
Se ha dicho que las boletas se visaban dentro de la corporación. ¿Cómo funcionaba ese sistema y quién las validaba?
Estas boletas venían respaldadas por un contrato de prestación de servicios durante el 2023. Habrá que revisar si cada una cuenta con ese respaldo documental, porque el orden era bastante deficiente. En teoría debía existir un contrato base: «yo lo voy a contratar desde marzo a diciembre para hacer talleres de tal tipo o asesorías en tales colegios».
El tema es si esos contratos estaban justificados y si realmente servían para el plan de mejoramiento educativo de cada colegio.
Nosotros hablamos de revisar uno a uno: si existe el contrato, si se detectó el servicio y la calidad del servicio, si se emitió la boleta, si existe respaldo, y si ese dinero se gastó correctamente o no.
Usted mencionó dos empresas: Excelencia Educativa y Simpac. ¿Qué tipo de servicios prestaban y qué relación había entre ambas?
Simpac y Excelencia Educativa son dos personas jurídicas distintas, pero estimamos que son continuadoras, porque tienen el mismo representante legal.
Ambas tienen el mismo giro: asistencia educacional. Y, según la información que tenemos, su único cliente fue la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
¿Hay indicios de que estas empresas continuaran el mismo giro bajo nombres distintos para eludir las observaciones previas?
Eso es algo que debe investigarse. Analizando los gastos rechazados de 2019 y 2020, y una auditoría al 2022, ya había más de 2.050 millones de pesos objetados por la Superintendencia, que debían ser devueltos.
Pese a eso, en enero de 2023 se firmó un nuevo contrato por 480 millones de pesos anuales con Excelencia Educativa, cuando ya existían observaciones previas.
Fue una decisión irregular, imprudente y abusiva, y por eso ampliamos la querella a los directivos por administración fraudulenta, que castiga el ejercicio abusivo de las facultades de administración sobre el patrimonio de otra persona, en este caso la corporación.
¿Y qué hay del material que se encontró en bodegas sin clasificación?
Eso demuestra el nivel de desorden administrativo que existía dentro de la corporación. En ese espacio había papeles acumulados, sin registro ni clasificación, lo que refuerza la idea de una gestión descuidada.
Actualmente se está haciendo un ordenamiento interno, porque parte de esa documentación podría servir para identificar correos o respaldos que ayuden a entender cómo operó esta falta de control.
La Contraloría, en su informe 589 del 9 de octubre, ya advirtió que la corporación no cumplía con las normas internacionales de información financiera. Eso es grave, porque significa que durante años no hubo una contabilidad adecuada.
¿Podría haber responsabilidad del directorio o del alcalde en ejercicio durante el periodo investigado?
El alcalde en ejercicio en ese periodo —que presidía el directorio de la corporación— podría eventualmente tener responsabilidad. Cuando se identifique que, pese a las observaciones de la Superintendencia, se siguió contratando a las mismas empresas o personas, habrá que determinar qué sabían los directorios, qué información se les entregaba y qué decisiones adoptaban.
Por eso presentamos las dos figuras: aplicación pública diferente, porque los dineros saltaban entre cuentas de educación, salud y administración central; y administración desleal, porque se usaron de manera abusiva las facultades de administración del patrimonio de la corporación.
¿Y el exalcalde?
Él tiene una causa aparte por el no pago de cotizaciones previsionales. En este caso específico, la querella por administración desleal se dirige contra los secretarios generales y directores de unidad de la época, que eran quienes tenían el conocimiento más directo de cómo se estaban gastando los recursos.
