Cristóbal Juliá acusa falta de voluntad política y advierte que la reforma regionalista, lejos de fortalecer, debilita la autonomía de los GORE.

Por Joaquín López B.

En su visita a Valparaíso, la máxima autoridad regional mostró su descontento tras reunirse con el titular del Interior y la directora de la Dipres. Por una parte, no suscribió el proyecto de modificación constitucional de los Gobiernos Regionales, y por otra, expresó su rechazo a las rebajas presupuestarias.

Los gobernadores regionales se reunieron en el Décimo Encuentro Nacional de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI). En esta ocasión, el foco estuvo puesto en el proceso de descentralización y en los desafíos en seguridad y competencias regionales.

Con tan solo unas semanas en el cargo, la AGORECHI sostuvo una reunión en Cerro Castillo con el presidente Gabriel Boric, donde se fijaron acuerdos para avanzar en las materias mencionadas.

En esta oportunidad, el GORE Cristóbal Juliá —vicepresidente de la asociación— se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la directora nacional de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez.

Por el momento, ya serían cerca de 8 mil millones de pesos los recortados a los Gobiernos Regionales de todo el país. Para evitar esto, piden reformar la institución con el fin de obtener una autonomía financiera similar a la de los municipios.

Al respecto, el gobernador señaló que «me quedó la sensación de que no hay mucha voluntad, en este caso del ministro, quien nos dijo, en el fondo, que lo iba a conversar con el Presidente».

El pasado 28 de enero, complementó que, en el encuentro en Cerro Castillo, el mandatario «se comprometió a una reforma constitucional para lograr la autonomía financiera que requieren los Gobiernos Regionales».

Sin embargo, en esta sesión el Ejecutivo no habría mostrado estar en sintonía con las necesidades que los gobernadores le plantearon. Por lo tanto, «yo me llevo la sensación de que no hay plena voluntad de avanzar».

«Y con Dipres también notamos que están cambiando mucho las reglas del juego. Hay una serie de indicaciones que a nosotros no nos parecen, pero que ya las estamos socializando con el Senado, porque esto ya pasó el primer trámite en la Cámara de Diputados», puntualizó.

Para retirar dichas indicaciones, estarían trabajando en conjunto con la bancada regionalista del Senado, cuyos miembros sí han mostrado buena disposición al diálogo. «Esto es liderado por la senadora Yasna Provoste y el senador Francisco Chahuán, quienes están plenamente convencidos de que el camino hacia una plena democracia es la descentralización».

Autonomía sí, recortes no

Los gobernadores están a favor de tener una mayor autonomía financiera, con el objetivo de evitar, justamente, los recortes presupuestarios.

Previo a esto, en enero de 2025 se anunció la primera rebaja en las arcas de los GORE, mientras que, a fines de abril, se dio a conocer el segundo recorte.

A esto se suma el llamado que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a seguir avanzando en la iniciativa Regiones Más Fuertes. Dentro de esta agenda se incluye la reforma constitucional sobre los Gobiernos Regionales.

Una situación que les parece contradictoria, pues parte del proceso de descentralización es fomentar políticas que doten de mayor autonomía a las autoridades locales.
«Entonces, hay ciertas indicaciones, para dar un ejemplo, sobre que tres de los jefes de división sean elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública».

«Eso sería como decirle al Presidente que Segpres y Hacienda sean elegidos por el mismo sistema. Estos son cargos de confianza y a nosotros nos parece que debilita la autonomía; le quita fuerza a los GORE, siendo que es un proyecto que lleva por nombre Regiones Más Fuertes», explicó.

Afortunadamente, según comenta, estarían en el momento preciso para concretar los cambios a la reforma. «Vemos que hay buen ánimo por parte de los parlamentarios, se están dejando atrás antiguos prejuicios».

«No hay repartición pública que esté exenta de malas administraciones. En el caso de La Serena, el municipio tiene un déficit de 60 mil millones, y no veo que se le estén quitando atribuciones al alcalde», dijo.

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