El informe regional recoge testimonios, cifras y recomendaciones adquiridas en terreno, que buscan mejorar la gestión del recurso y proteger el derecho humano al agua. Entre ellas, garantizar la entrega continua de camiones aljibe, fortalecer fiscalizaciones y asegurar agua potable en postas rurales.
Por: Valentina Echeverría O.
El informe del INDH en terreno, titulado «Derecho al agua y saneamiento en la provincia del Limarí» nació tras el diagnóstico de una escasez hídrica prolongada que ha golpeado a la región de Coquimbo, en el que luego de visitas a terreno durante el 2024 con autoridades, comunidades campesinas, universidades, entre otros, se formó un ABC con indicaciones para cada organismo del estado para enfrentar desde su frente esta crisis.
Tarcila Piña, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explicó que el objetivo fue principalmente conocer y analizar la situación de afectación de uno o más derechos humanos en un territorio específico, con especial énfasis en lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Con lo que nos encontramos haciendo el informe, fue bastante preocupante, ya que la región, considerando que enfrenta una crisis hídrica prolongada a partir del 2008, tenemos alrededor de 35 decretos de escasez hídrica y que actualmente de nuevo se encuentra vigente uno por cada provincia y la observación que logramos es que la sequía y la crisis hídrica impacta de forma desigual. No es lo mismo vivir con esta crisis en zonas urbanas que rurales».
El equipo del INDH levantó testimonios en comunas como Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá, entre otras, donde el acceso al agua potable depende mayoritariamente del Agua Potable Rural(APR) con camiones aljibes.
Desigualdad
hídrica y
derechos humanos
Según los datos del informe, el 89% de la población de Limarí accede al agua potable por red pública como Aguas del Valle, pero del total de habitantes, un 31% vive en zonas rurales, y de ellos solo el 73% cuenta con conexión formal. En Río Hurtado, por ejemplo, casi el 100% de la población depende de APR.
«Imagínate frente a una crisis hídrica, depender de un sistema de agua potable rural que puede estar seco, entonces la verdad es que la desigualdad es en acceso, la disponibilidad o falta de disponibilidad del recurso es demasiado notoria».
La demanda de agua en la provincia está dominada por la agricultura — un 96% del uso total — lo que tensiona aún más la disponibilidad para consumo humano. El INDH recuerda que la falta de agua afecta además, derechos interes como la salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación y vida digna.
Historias que reflejan la crisis
Durante el trabajo de campo, el equipo recogió casos que dan cuenta de los efectos que no se toman en cuenta de la sequía. «Muchos adultos mayores nos contaban que, aunque reciben agua por camiones aljibes, prefieren comprar agua embotellada para beber y reservan la otra para regar o lavar».
«Muchos han dejado de recibir visitas de sus nietos y familiares por miedo a quedarse sin agua. Esa preocupación constante, de ahorrar agua, de estar pensando si vienen visitas y se acaba el agua y al otro día quizá no pasará el camión, les genera un estrés permanente que deteriora su salud mental».
El informe también advierte que la escasez está provocando migración forzada desde comunidades rurales hacia zonas urbanas, con la consiguiente pérdida de identidad, tradiciones y oficios ligados al campo.
«Estamos viendo cómo podrían perderse prácticas como la crianza de cabras o la producción de queso. Es una afectación directa al derecho a la identidad y a la cultura».
Seguimiento y fiscalización
El INDH anunció que realizará un monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones entre seis meses y un año después de su entrega, con nuevas visitas a terreno. «Vamos a volver a las comunidades y revisar si el Estado ha generado los recursos y la institucionalidad para garantizar el derecho al agua. Este es un trabajo de largo aliento», agregó Tarcila Piña.
