La defensa de Daniel Zepeda acusa que un funcionario policial ingresó una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra desde la comisaría donde trabaja, utilizando presuntamente la firma de la expareja del afectado. El hecho derivó en medidas cautelares y hoy es indagado por la Fiscalía Militar.
Por Joaquín López Barraza
El conflicto comenzó con lo que parecía un episodio más en una historia marcada por incumplimientos en el régimen de visitas. Según relata la abogada Marcia Gallardo, su representado, Daniel Zepeda, llegó un día a buscar a su hijo antes de la hora pactada, debido a acuerdos informales previos con la madre. No obstante, no le entregaron al niño. Esperó desde las 12:00 hasta las 15:00 horas, sin resultado, y decidió dejar constancia del incumplimiento.
«Era algo que ya se había vuelto habitual: no cumplir con los horarios. Entonces él filmó salida de la madre y decidió poner una constancia en Carabineros, pensando en dejar registro y solicitar los apercibimientos y pedir una eventual modificación del régimen. Pero días después nos encontramos con una sorpresa mayor, había aparecido una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra», señala Gallardo.
Lo llamativo es que la denuncia lo describía como si hubiera perseguido un vehículo en el que viajaban su expareja y su hijo, poniendo en riesgo la integridad del menor. En base a ese relato, se dictaron las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y de comunicación con su hijo y además se abrió en su contra una medida de protección.
Las irregularidades detectadas por la defensa
La defensa y la familia comenzaron a revisar los documentos y encontró elementos que, a su juicio, no cuadraban.
Lugar de la denuncia:
fue ingresada en la Comisaría de Tierras Blancas, precisamente donde trabaja el actual conviviente de la madre del niño, un funcionario de Carabineros. Esto pese a que la mamá tiene su residencia en el sector de El Milagro, La Serena.
Firma cuestionada:
al comparar la firma estampada en la denuncia con la de la madre, advirtieron que no coincidía.
Clave institucional:
al acudir la familia al cuartel policial a pedir explicaciones, un funcionario señaló que en el sistema aparecía su clave digital en el parte, pero aseguró que él no había estado de guardia el día en cuestión. Otro uniformado admitió haber firmado documentos de rutina mientras estaba de guardia, aunque no fue testigo de la denuncia.
Para Gallardo, estos elementos apuntan a una maniobra irregular. «Nos encontramos con que la denuncia no fue puesta por la madre, sino que por el propio carabinero, pareja actual de ella, utilizando incluso claves institucionales. Eso es gravísimo», sostuvo.
La versión de la madre: autorización expresa
El expediente judicial incluye también la declaración de la madre, quien reconoció que fue su pareja, funcionario policial, quien estampó la denuncia. Sin embargo, afirmó que lo hizo con su autorización expresa.
«Le dicté los hechos vía WhatsApp y él me ayudó a complementar la denuncia en su calidad de testigo. Yo le pedí que la firmara en la comisaría de Tierras Blancas, donde trabaja, y lo hizo con mi autorización, porque yo no podía salir de casa por el delicado estado de salud de mis abuelos. La alegación de falsificación carece de fundamento», señala en el documento.
De esta manera, ella admite que no fue personalmente a la comisaría, pero descarta la falsificación, asegurando que el trámite fue legítimo.
Consecuencias
para el padre
Las repercusiones para Daniel Zepeda han sido profundas. «Estuvo casi dos meses sin poder tener contacto alguno con su hijo, por las prohibiciones impuestas por el tribunal a propósito de la denuncia. Se trata de un padre que tenía una relación cercana con el niño, y de un día para otro quedó aislado totalmente», explica la abogada.
Además, las medidas cautelares dictadas a favor de la supuesta víctima siguen vigentes. «Lo más grave es que todo esto se originó en una denuncia que consideramos fraudulenta. No se trata de un malentendido: es una acción que le cambió la vida al padre y al hijo», recalcó Gallardo.
Posibles sanciones al funcionario
El caso se encuentra actualmente en la Fiscalía Militar, que investiga la eventual falsificación de instrumento público. Según la normativa vigente, los funcionarios de Carabineros están sujetos al Reglamento de Disciplina y al Estatuto del Personal de Carabineros, que establecen sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución. Conductas que impliquen falta de probidad o que afecten la fe pública pueden ser consideradas faltas gravísimas, y en casos de falsificación, además de una condena penal, podría configurarse la expulsión de la institución.
«La falsificación de un parte policial es, al menos, una falta administrativa gravísima. Lo mínimo que corresponde, a juicio de la familia afectada, es la baja del funcionario», sostuvo la abogada Gallardo.
Entre la justicia de familia
y la investigación militar
La defensa anunció que presentará nuevas acciones judiciales, incluyendo una demanda de cuidado personal del niño, argumentando que la madre y su pareja «se prestaron para un fraude» que vulneró los derechos del padre.
En paralelo, la Fiscalía Militar continúa reuniendo antecedentes para determinar si hubo uso indebido de facultades y si corresponde sanción administrativa o penal para el funcionario involucrado. Mientras tanto, Daniel Zepeda sigue enfrentando las consecuencias de una denuncia que, según su defensa, nunca debió existir.
