Formalización terminó el miércoles, con las medidas cautelares respectivas, aunque fuera de la sala de audiencia el caso continuó entre el abogado defensor de Pinto y el senador Daniel Núñez.
René Martínez Rojas
Lejos de aquietarse las aguas, la contienda continúa. Esta vez fuera de una sala de audiencia. Porque a días de la formalización del bullado Papaya Gate, con cautelares no tan gravosas para los involucrados en el presunto fraude al fisco y tributario que investiga el Ministerio Público, el caso no piensa entrar en una pausa.
Esto, debido a las declaraciones emitidas por el abogado Samuel Donoso, que defiende a Lucía Pinto, en contra del senador comunista Daniel Núñez, que antes de ser excluido de la formalización –a la que dice apelarán junto a su abogado- pedía la prisión preventiva precisamente para Pinto y José Cáceres, el exadministrador regional.
Que la fiscalía a veces cede a presiones políticas y que Núñez se encargó a través de la prensa hacer parecer más grave lo que realmente es el caso, fueron algunas de las revelaciones que entregó el jurista a un medio regional.
«Samuel Donoso tiene un estilo basado en la prepotencia en sus prácticas y lo que busca es amedrentarme. Él quiere que yo me asuste, que tenga temor. En algún momento anunció querellas en contra mía por calumnias. Tienen miedo de que participe en el proceso, porque saben que tengo una vocación de transparencia, de combate a la corrupción y que puede ser decisiva al participar. Así que a mí me tiene sin cuidado», sostuvo el parlamentario.
Sí dice que le preocupa que instale «argumentaciones y conjeturas que son totalmente falsas». Esto, por cuanto «señaló que había una manipulación del Consejo de Defensa del Estado que atacaba a la derecha y no hacía lo mismo en los casos de la izquierda, que eso sería por influencia política. Y resulta que el Consejo de Defensa del Estado vio evidencias objetivas en base a las sanciones que aplicó la Contraloría y que fueron aceptadas y reconocidas en base a la investigación del Ministerio Público. El gran problema de esta investigación es que son delitos complejos de demostrar, porque obviamente unos ponen unas tasaciones sobre la mesa y otros ponen unas distintas…».
Cree que «Donoso y todos estos abogados que han aparecido involucrados en las redes de influencia es justamente para tener fallos favorables».
Como ejemplo, hace pocos días un artículo en CIPER da cuenta de que un juez (Antonio Ulloa) intervino justamente en ocho causas sin advertir su relación con Donoso, «entonces me parece que acá existe un intento de usar cualquier recurso y medio, cosas que considero bastante reñidas con la ética para llegar al objetivo y obtener la inocencia de las personas que se defienden».
Pese a que desde afuera vio como las cautelaras fueron de arraigo nacional, firmas y reclusión domiciliaria nocturna, advierte que es «muy importante» que a Lucía Pinto y José Cáceres «se les haya aplicado una media cautelar, porque eso refleja que la jueza determinó que había antecedentes suficientes que explicaban o justificaban la existencia de un delito».
Y aunque las expectativas en un comienzo eran altas, «es parte del debate del juicio y obviamente tenemos que reforzar las tesis del CDE y de la Fiscalía para explicar y hacer evidentes cómo es que se genera el fraude al fisco. Y lo que está en cuestión por la jueza no es tanto la existencia del fraude, pues hay antecedentes que apuntan y que ameritan que aquí lo hubo. Lo que no sé es cuál es la cuantía y es lo relevante, porque las penas son distintas según el monto de lo defraudado».
Sí reconoce que ningún abogado «debería quedar contento porque su cliente reciba la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Si ellos fueran inocentes, la jueza habría desestimado la formalización y los habría dejado sin ninguna cautelar. Por lo tanto, es crear una falsa victoria esa supuesta alegría tras no se decretarse la prisión preventiva».
Reconoce que no los sorprendió ser excluidos del caso, en el primer día de formalización, «porque fue algo que habíamos evaluado como una de las posibilidades, aunque pensábamos que los argumentos que teníamos nos iban a permitir continuar de querellantes. Pero apelaremos a la instancia respectiva, en este caso la Corte Apelaciones de La Serena, porque es un deber ético frente a un caso tan emblemático de fraude al fisco que involucra a gente con tanto poder político y económico».
El plazo de la investigación es de 180 días, tiempo en que el Ministerio Público deberá profundizar en la indagatoria y fortalecer los antecedentes que sean necesarios.
