El Gobierno reafirmó este jueves 28 de agosto que la licitación de la planta desaladora de Coquimbo se mantiene, mientras la Dirección de Concesiones del MOP analiza extender los plazos solicitados por las empresas. «El compromiso que ha hecho el presidente Boric con la desaladora sigue firme. Nuestro objetivo es concretar una necesidad postergada por años», señaló el delegado presidencial Galo Luna, quien añadió que cualquier ajuste se resolverá dentro de las atribuciones de Concesiones y la normativa de compras públicas. «Pese a las lluvias, la región sigue en condición crítica respecto de la disponibilidad de agua. Esperamos que lleguen las mejores ofertas y que el proceso salga bien», dijo.
La semana pasada este medio informó que los consorcios pidieron prórroga para presentar ofertas debido a la complejidad de las últimas circulares aclaratorias, con centenares de páginas de cambios técnicos y contractuales. A la fecha, y según los actores consultados, no se ha notificado una modificación formal del calendario.
Desde el Gobierno Regional, el tono es de urgencia. «Llevamos más de 10 años esperando soluciones reales y concretas respecto del recurso hídrico. Sería impresentable que la Región de Coquimbo tenga que volver a esperar por su planta desalinizadora», afirmó el gobernador Cristóbal Juliá. A su juicio, el MOP debe «cumplir los compromisos y entregar los plazos necesarios» para que los oferentes lleguen con propuestas sólidas. «Se corre el riesgo de que no haya ninguna oferta; eso habla de un trabajo desprolijo que el ministerio tiene que subsanar a la brevedad», advirtió. Agregó que las exigencias «son principalmente medioambientales» y que la burocracia ha trabado el proceso. «Este año debemos dejar la licitación bien encaminada, la región no da para más», remató.
Luna, en tanto, insistió en que la evaluación de una prórroga forma parte del procedimiento regular en obras de esta magnitud. «Estamos frente a un proyecto complejo y de gran envergadura; Concesiones tiene que evaluar los pasos a seguir según la normativa», dijo, subrayando que la seguridad hídrica es prioritaria tras 14 años de mega sequía.
Lo que está en juego ahora
Claridad técnica para que las empresas ajusten sus ofertas sin vacíos ni ambigüedades.
Certeza de calendario si Concesiones decide extender el plazo, lo que impacta directamente en la competencia efectiva de la licitación.
De esa definición dependerá la tracción de una obra considerada estratégica: inversión estimada en torno a US$318 millones, capacidad inicial de 800 l/s (ampliable a 1.200 l/s) y prioridad de suministro para La Serena y Coquimbo.
