El conflicto que lleva semanas por el entubamiento del canal Cogotí, en la comuna de Monte Patria, sumó un nuevo capítulo trasladándose hasta la Comisión de Recursos Hídricos y dirigiendo peticiones a la ministra de Obras Públicas.
Representantes de las comunidades de Huatulame, Las Rojas y Chañaral Alto expusieron sus preocupaciones ante autoridades del MOP y parlamentarios, denunciando la nula participación ciudadana en el proyecto y advirtiendo graves impactos sociales, ambientales y culturales.
La sesión fue gestionada por la diputada Nathalie Castillo, quien ha respaldado activamente a los vecinos y vecinas. La parlamentaria cuestionó que un proyecto de tal envergadura no haya pasado por un proceso de evaluación ambiental ni considerado a las comunidades afectadas.
El proyecto denominado » Obras de conservación sistema de riego canal matriz Cogotí» contempla el entubamiento de 9,8 km del canal —de un total de 106 km— y cuenta con financiamiento público-privado (80% MOP y 20% Asociación de Canalistas), por un monto cercano a los $9.950 millones. La empresa a cargo es Bozic Ingeniería y Construcción Ltda., y las obras —iniciadas el 7 de mayo— se extenderían hasta mayo de 2026.
Desde el Ministerio de Obras Públicas, el seremi Javier Sandoval reconoció la molestia vecinal y se comprometió a buscar soluciones. «Entendemos el desfase en las reuniones informativas. Estamos disponibles para discutir alternativas que permitan modificar el contrato y satisfacer a todas las partes. Lo importante es que haya diálogo», señaló.
Por su parte, el director regional de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), Herman Osses, explicó que, aunque el proyecto se administra desde el nivel central, existe disposición de los regantes para realizar cambios.»Hay voluntad de transformar ese tramo en un canal abierto que permita filtraciones de agua, e incluso entregar esos 10 kilómetros a la comunidad para futuras inversiones públicas. Pedimos disculpas por no haber convocado participación; quizás hay vacíos legales que deben corregirse», afirmó, advirtiendo que, por norma de Contraloría, las modificaciones no pueden superar el 30% del contrato.
