Hace poco más de un año lidera las diligencias en causas de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura en todo el norte del país.
En su oficina, varias carpetas con cientos de hojas cada uno, y todos de una misma causa: la de Daniel Acuña, asesinado en 1979 y cuya sentencia, cuenta Sergio Troncoso Espinoza, ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, espera dictar en las próximas semanas.
El caso de Acuña, por entonces dirigente del Partido Socialista, es bien emblemático en la región y en ella se indaga la eventual responsabilidad de un grupo de agentes de la infame CNI en su muerte en La Serena y en el atentado que además sufrió su hijo en la misma ocasión.
“Es una sentencia que debiera estar firmándose, no me atrevo a decir esta semana, pero antes de Fiestas Patrias de todas maneras, por lo menos en lo que a mí me toca”, señala el ministro, hoy destinado por la Corte Suprema a investigar, con dedicación exclusiva, las causas sobre violaciones graves de los derechos humanos entre los años 1973 y 1990 entre las regiones de Arica y Coquimbo.
En poco más de un año ha debido tramitar cerca de 300 causas que aún están vigentes en distintas etapas de procedimiento, “pero creo que el balance es de continuidad, pues se ha prolongado el trabajo del ministro Vicente Hormazábal no solo en materia de investigación, sino también en materia de dictación de varias sentencias relevantes”.
De igual manera se ha avanzado en dirigencias relacionadas al Plan Nacional de Búsqueda, “aunque en la región de Coquimbo no tenemos muchas diligencias asociadas, pero sí unos trabajos preparatorios que se están haciendo en una mina en donde se pretende indagar la presencia de una inhumación ilegal”.
Si le ha tocado más pesado en ciudades como Arica, Tocopilla e Iquique “y en diez días más parte una nueva diligencia en Pisagua, además de una nueva diligencia en Tocopilla en octubre y se han hecho algunas en Copiapó. Es que la región que me compete es muy extensa y eso implica desplazamientos más o menos importantes”, avisa.
CRUELDAD
Qué duda cabe que toda labor jurisdiccional siempre está cruzada por los derechos humanos. Ahora, en causa de violaciones de derechos humanos, había tenido muy poco contacto.
“Me había tocado revisar algunas sentencias como ministro de la Corte de La Serena, sentencias dictadas por el ministro Hormazábal, pero nada comparado con lo que implica efectivamente hacerse cargo de la tramitación y fallo de las causas en la forma que estoy ahora”.
Sí reconoce que llevar estas causas es complejo en varios sentidos, por cuanto se tramitan “con un procedimiento que ya no está vigente, pues no tienen una tramitación electrónica, sino que se tramitan en papel, con sistemas de registro que son propios del siglo pasado. Son causas que requieren estar revisando la legislación de la época, porque esa es la legislación que es aplicable, sobre todo en lo que sea más beneficioso para los eventualmente imputados o condenados”.
Además, advierte que existe mucha información que estaba en fuentes documentales y que fue hecha desaparecer, “ya sea intencionalmente o bien por procesos naturales de las instituciones que tienen de repente algunas dinámicas de destrucción de documentos cada cierto tiempo y que no se estimaron necesarios de conservar en su minuto”.
Sin embargo, lo más difícil “es la carga emocional”, ya que está revisando hechos calificados como crímenes de la humanidad “y algunos de una extraordinaria crueldad en que más allá del ensañamiento delictual, existe un propósito de aniquilación de determinados grupos por su pertenencia a ciertas simpatías ideológicas o pertenencia directamente a grupos políticos o incluso situaciones en que se ven actos que son crueles per se sin ninguna necesidad, sin ningún objetivo en particular”.
En ese sentido, reconoce que “uno tiene contacto directo muchas veces con quienes fueron víctimas, porque hay muchos sobrevivientes y tenemos muchas causas de gente que padeció la prisión política y tortura durante la dictadura y llevan esa herida abierta hasta el día de hoy”.
Cheyre
En lo que respecta a Juan Emilio Cheyre, el general del “nunca más”, acusado de torturas y tormentos, admite que todavía existen un par de causas en que aparece como inculpado, “y en una de ella está acusado y está pendiente la dictación de sentencia que todavía no he comenzado a redactar”.
Existe otra causa en que se dictó hace algunas semanas su sobreseimiento por la querella interpuesta por Ernesto Lejderman (sus padres fueron asesinados por una patrulla militar del Regimiento “Arica” de La Serena el 8 de diciembre de 1973 en la comuna de Vicuña), aunque está para ser revisada por la Corte de Apelaciones “que tiene todas las atribuciones para modificar lo resuelto, pues si no está de acuerdo puede ordenar la reapertura del proceso, aunque eso va a depender de los antecedentes que estimen los ministros que deben revisar el caso”.
