El objetivo, cuenta Gabriela Elgueta, subsecretaria de la cartera, es que se les pueda dar continuidad a los proyectos que van a quedar en ejecución, «pero también a esta visión de poder construir barrios y ciudades más equitativas».
Por René Martínez Rojas
Qué duda cabe que uno de los proyectos emblemas de este gobierno y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es el Plan de Emergencia Habitacional. Tanto así, que del presupuesto solo en la en la región, equivalente a 630 mil millones, el 85% pertenece a este ítem.
Este miércoles se publicaron los datos del cierre del mes de julio «y le puedo contar la primicia que el ministerio lleva un 80,37% de avance de la meta presidencial. De las 260.000 viviendas tenemos 208 mil construidas y la región de Coquimbo, con las cifras actualizadas, tiene un 86% de avance, lo que se traduce en 10 mil viviendas entregadas. Además, está con más de 5.800 viviendas en ejecución y otras 3.000 que tienen que iniciar», reconoce Gabriela Elgueta, subsecretaria de la cartera, invitada al Congreso de Descentralización que organiza la SUBDERE en la Universidad de La Serena, donde presentó la estrategia del Plan de Ciudades Justas.
Banco de suelo
Como gobierno, el objetivo no solo es llegar a la meta una vez terminado el periodo, sino que Plan de Emergencia Habitacional sea una política de Estado.
Explica que este plan tiene un marco que les permite como ministerio tener herramientas «que nos de la flexibilidad para actuar con mayor agilidad y llegar más rápido con la solución a las familias. Por un lado, tiene todo lo que está asociado a las habilitaciones normativas de terreno».
Por ejemplo, la región de Coquimbo «ha logrado generar un banco de suelo que les va permitir los siguientes diez años seguir abordando el déficit. Por consiguiente, ha adquirido suelo muy bien localizado, cercano a los equipamientos, al transporte y, por lo tanto, este marco le permite hacer todas las habilitaciones. Recordar que las familias están teniendo distintas necesidades, son más pequeños los núcleos, la población está envejeciendo y tenemos un desafío de adaptación climática».
Entonces, la continuidad de este marco normativo, que es la ley de integración, «tiene vigencia hasta el mes de diciembre y lo que buscamos es que esta pueda ser renovada, porque hay un consenso –diría- político transversal en términos de que esta es una buena herramienta para poder trabajar intersectorialmente y de esta manera lograr que las familias puedan aprovechar los beneficios de vivir bien localizados».
Color político
Tan importante es el Plan de Emergencia Habitacional que, a nivel nacional en términos de inversión, es el presupuesto más importante.
«Este año creo que tenemos más presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas, justamente porque el presidente le ha dado una prioridad especial a una de las necesidades más sentidas que tiene la población, después de la seguridad, que es el tema de vivienda».
En ese sentido, como ministerio asegura que «estamos con todos los esfuerzos hasta el último día, como dice el presidente, en poder sacar la meta y dejar las condiciones dadas para que el gobierno que llegue, no importa el color político, tome esto como una política de Estado y pueda darle continuidad a los proyectos que van a quedar en ejecución, pero también a esta visión de poder construir barrios y ciudades más equitativas».
