Parlamentario repasó al gobierno por los enfermos con pasaporte que tenían licencia. Al respecto, la autoridad regional precisó que lejos de esconder un problema que ha sido estructural, el Ejecutivo ha enfrentado estas situaciones con instrucciones concretas y plazos acotados para impartir las sanciones correspondientes.
Por René Martínez Rojas
El caso fue dado a conocer el martes de la semana pasada por la Contraloría, día en que se revelaron las presuntas irregularidades administrativas cometidas por 25 mil funcionarios públicos que estando con licencia por enfermedad, salieron del país entre los años 2023 y 2024.
Este incluye a 22 instituciones de la región de Coquimbo, en su mayoría municipios, liderando el listado la Corporación Municipal Gabriel González Videla con 223 funcionarios.
«Aquí la Contraloría no puede estar permanentemente resolviendo los problemas de descontrol que hay en el sector público, sino que, son cada uno los ministerios y los servicios los que deben preocuparse de hacer ese control interno y eso está ausente tanto en el nivel central como en el nivel regional», sostuvo el senador de la UDI Sergio Gahona.
Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar de parte del gobierno, pues «el 90% de los casos que hoy se investigan son de funcionarios contratados antes del año 2022. Eso habla de una práctica instalada hace mucho tiempo. Pretender endosar esto, solo al actual Gobierno, parece una estrategia clara hacia el desprestigio de nuestra administración», señaló la vocera Paulina Mora, respondiendo así a las críticas que realizó el parlamentario por los casos de mal uso de licencias médicas.
Además, precisó que con que estas declaraciones lo que se busca es confundir a la ciudadanía.
«Lo que ha quedado en evidencia con esta investigación de Contraloría es un problema estructural, transversal y de larga data el sector público. No estamos hablando de una situación creada por este Gobierno, sino de una práctica que se arrastra hace años en distintas instituciones, administraciones y niveles del Estado. Aquí no se trata de blindar a nadie, pero tampoco vamos a aceptar caricaturas ni montajes políticos que distorsionen la verdad».
Aprovechamiento político
Es por esto que la autoridad valoró el trabajo que, hace más de un año y medio, venía desplegando el Ministerio de Hacienda para disminuir el ausentismo en el sector público detectado después de la pandemia, acciones que se concretaron con la creación un Comité Nacional de Ausentismo, el que tendría su réplica en las regiones para controlar el debido cumplimiento de las licencias médicas emitidas a favor de funcionarios públicos.
Asimismo, señaló que ya están en curso a nivel de Gobierno Central, los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades personales de los funcionarios que hayan incurrido en estas malas prácticas, procesos que cuentan con un plazo de 30 días para informar su estado de avance.
«Hemos tomado este tema con máxima seriedad y somos categóricos en que no habrá defensa corporativa de ningún tipo, porque hay responsabilidades personales claras. Estamos actuando con transparencia para dar cuenta a la opinión pública de las gestiones que estamos realizando en este caso y sobre las sanciones que se aplicarán cuando corresponda. En paralelo, estamos trabajando en medidas que permitan reintegrar las remuneraciones indebidamente recibidas durante los periodos de reposo rechazados. Enfrentamos el problema con acciones concretas y de cara a la ciudadanía», detalló.
No obstante, fue tajante en señalar que «pretender responsabilizar al Gobierno de estos problemas es un claro aprovechamiento político, eso es lo que está haciendo un senador de esta región. Además, su discurso es bastante contradictorio cuando vemos que su sector, de derecha y ultraderecha, quiere achicar y reducir el Estado, en vez de fortalecerlo para darle la capacidad necesaria para detectar y evitar este tipo de casos».
