Lo que inició como una compra de terrenos para un centro deportivo en La Serena terminó siendo uno de los mayores casos de corrupción administrativa de la Región de Coquimbo. Finalmente, tras varios años de investigación, comienza la cuenta regresiva para la formalización de los ocho involucrados en la causa.
Por Joaquín López B.
Ya casi son cinco años desde que estalló el escándalo que involucra al Gobierno Regional —exIntendencia— por la adquisición de un terreno por más de 9 mil millones de pesos. Este proceso fue denunciado e investigado por haberse comprado a un valor significativamente más alto que el real.
Las gestiones habrían comenzado a fines de 2019, cuando un grupo de sociedades inmobiliarias manifestó interés en vender seis lotes por 9.800 millones. El Gobierno Regional accedió a comprarlos, pero todos los contratos fueron rechazados por la Contraloría por no apegarse a la legalidad.
A pesar de esto, la exintendenta Lucía Pinto habría realizado gestiones durante el primer semestre del mismo año para que un nuevo contrato evadiera la «toma de razón», un trámite exigido en estos casos. En julio de 2020 se concretó el pago a través de trato directo, sin contar con la aprobación del ente contralor.
¿Cómo fue posible que, pese a los reparos de Contraloría, se concretara una operación por 9 mil millones de pesos?.
A raíz de esto, el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, nombró a mediados de septiembre a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para indagar sobre el eventual delito de fraude al fisco. En medio de la investigación, el 26 de septiembre de 2020, Pinto decidió renunciar a su cargo.
Considerando los montos involucrados y la participación de políticos en el caso, se lo denominó «Papaya Gate», en alusión al escándalo de Watergate, que concluyó con la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon.
De la controversia a la
investigación judicial
En el Parlamento, durante marzo de 2021, se conformó una comisión investigadora para esclarecer la situación política y administrativa del caso. Luego de 90 días, sus integrantes debían entregar un informe con los resultados de la indagación.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en julio de ese mismo año, interpuso una querella criminal por el delito de fraude al fisco, a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso.
La acción estaba dirigida contra tres de los exdirectivos del Gobierno Regional de Coquimbo, junto con un particular, dada su responsabilidad en la adquisición irregular de terrenos destinados a la construcción de un centro deportivo para La Serena.
Según una publicación del CDE, se presentó la querella contra la exintendenta Lucía Pinto, el exjefe del Departamento Jurídico Eduardo Espinoza y el exadministrador regional José Cáceres. Los tres habrían gestionado la compra de terrenos por trato directo a un precio excesivo, ignorando las objeciones de la Contraloría Regional, que rechazó la operación en cuatro ocasiones.
Además, detalla que los involucrados conocían la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50 % del precio por el que fueron comprados. Sin embargo, de la causa no se supo nada sino hasta un año después.
Recién en agosto de 2022, la Contraloría General de la República emitió un sumario administrativo de 322 páginas, determinando que Lucía Pinto y otros funcionarios infringieron gravemente el principio de probidad administrativa.
En esa línea, se propuso su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. Aunque Pinto ya había renunciado, aún se podía continuar buscando responsabilidades administrativas.
Y comienza el juicio
El caso resurgió ocasionalmente en los medios, con críticas sobre el lento avance de la investigación. Dos años después, en 2024, la Fiscalía de Valparaíso confirmó que el caso seguía activo.
La fiscal asumió otros casos de relevancia, como SQM y el proyecto Dominga, lo que generó aún más críticas sobre la demora en el proceso y la preocupación de políticos regionales por la falta de responsables.
Es así como, en abril de 2025, se informó que el próximo lunes 26 de mayo comenzará la formalización de Lucía Pinto, junto a José Eduardo Cáceres Rojas, Pablo Antonio Bracchitta Krstulovic, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud, Manuel Alejandro Daire Daud y Luis Gastón Iver Hudson.
Este caso no solo pone en riesgo la responsabilidad de los involucrados, sino también la credibilidad del sistema político y judicial regional. En un contexto de desconfianza y críticas por la lentitud de la investigación, el proceso que comienza será clave para evaluar si las instituciones responden con transparencia y eficacia ante los abusos de poder.
