Luego de la determinación del máximo tribunal que declaró inadmisible un recurso presentado por el Gobierno y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto, políticos de la región de Coquimbo debaten del «loop» eterno de más de 10 años.
La Corte Suprema declaró este martes inadmisible un recurso presentado por el Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y organizaciones ambientalistas en contra del proyecto minero Dominga. Desde la empresa celebraron la decisión judicial, mientras que en el Parlamento llamaron al Gobierno a rechazar el proyecto en el próximo Comité de Ministros.
El tribunal determinó que aún no había una sentencia definitiva, por lo que no correspondía presentar un recurso de casación. En su considerando sexto, el tribunal sostiene que «la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia»
CONGRESISTAS
Ante esto, el senador Sergio Gahona Salazar (UDI) expresó que «Dominga es el mejor ejemplo de cómo la permisología asfixia a Chile». «La Corte Suprema fue clara: la aprobación ambiental sigue vigente, pero el Gobierno insiste en entrampar el proyecto con decisiones ideológicas y mensajes ambiguos. Este nivel de burocracia no solo frena la inversión, también destruye la confianza en las instituciones y le pasa la cuenta al empleo de miles de familias. Mientras no enfrentemos en serio la permisología, Chile seguirá siendo un país que espanta oportunidades», concretó.
Otra mirada se entregó desde la oposición. El diputado Víctor Pino (Partido Demócratas), presidente de la Comisión de Economía, expresó que «este tipo de reuniones que hemos realizado durante décadas son fuente importante para poder avanzar en darle mejor calidad de vida a nuestra gente».
Por ello, «valoramos el fallo de la Corte Suprema y estamos dispuestos también, obviamente, a fiscalizar en todas las instancias que correspondan para poder darle a nuestra gente la seguridad de que se están realizando todos los estándares más altos en materia medioambiental».
En la misma línea se refirió el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), quien señaló que «la Corte Suprema nuevamente ha resuelto la viabilidad jurídica y técnica del proyecto Dominga», así es que «a uno le puede gustar o no un proyecto, pero acá tienen que haber reglas claras y las reglas hay que cumplirlas. Y si un proyecto cumple hay que aprobarlo».
Por último, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), presidente de la Comisión de Minería y Energía, indicó que «en nuestro ordenamiento jurídico los fallos de la Corte Suprema son de última instancia. Aquí lo único que queda es comenzar a producir en nuestra región de Coquimbo, específicamente en la comuna de La Higuera, en este gran proyecto minero que va a traer crecimiento económico, crecimiento local y especialmente puestos de trabajo, que es lo que necesitamos».
«Llamo al Gobierno a detener sus maniobras dilatorias, sus bloqueos ideológicos, y dejar que las instituciones funcionen como corresponde», finalizó.