La acción legal, que será presentada esta semana, busca visibilizar un problema que ha afectado durante años a pacientes del sistema público y sentar un precedente para que hechos similares no vuelvan a ocurrir. La familia ya entregó cartas al Presidente Gabriel Boric y espera poder reunirse con él.
Por: Valentina Echeverría O.
La familia de Fernanda Pinto —quien falleció diez días después de dar a luz en el Hospital de Illapel— presentará una querella criminal que será la primera en el país en invocar la agravante de violencia gineco-obstétrica, según establece la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres. La acción también busca establecer responsabilidades por presunta negligencia médica, incluirá la figura de violencia institucional y representa un paso inédito en la judicialización de estos casos en Chile.
Así lo explicó la abogada Gabriela Calderon, abogada de la familia y parte de la organización Neglimed, quien especificó que «esta semana se anunció lo que es la presentación de la querella, que va a tener la característica de ser la primera que contextualiza el escenario de la violencia obstétrica como agravante, precisamente del delito que se está denunciando para que se puedan perseguir las responsabilidades».
Una causa que ya no es solo individual
Desde que se hizo público el caso, la familia ha recibido decenas de testimonios de mujeres con experiencias similares en el mismo recinto asistencial. «Esto levantó el velo de cómo se estaban dando las atenciones a través del tiempo, y empezaron las personas a mostrar que no era un caso excepcional», agregó Calderón. Entre los relatos hay partos mal atendidos, fallecimientos de bebés y mujeres, y denuncias de trato inhumano en el proceso de atención.
«El Hospital de Illapel también, en este minuto, para la familia y para la comunidad en general, ha ejercido este tipo de violencia de manera sistemática a través del tiempo. Ese es el sentir de la comunidad», señaló la abogada.
Por su parte, Juan Carvajal, pareja de Fernanda y padre de sus dos hijos, ha liderado públicamente esta búsqueda de justicia. «Queremos un cambio en el trato en los hospitales públicos, ya sea para el tema de las mujeres y también las demás atenciones».
Reunión con la ministra de la Mujer y llamado al presidente
Esta semana, la familia se reunió en Santiago con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en una cita gestionada por la diputada Carolina Tello y en la que también participó el alcalde de Canela, Waldo Contreras. Según aseguró Carvajal, «fue una reunión bastante fructífera porque tratamos el tema de Fernanda, de la violencia obstétrica y de lo que se puede generar de aquí en adelante».
En la ocasión, el alcalde hizo entrega de una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, en nombre de Carvajal. «Si me invitan a La Moneda, iré con mis hijos. Si él quiere venir a mi casa, también estoy disponible para recibirlo. Sea como sea, tengo que llegar», afirmó. La familia también espera reunirse con la ministra de Salud.
«Esto no es solo una lucha de uno, es una familia, y detrás de esta familia hay miles de casos que deben estar esperando justicia. Hay más personas que me están apoyando desde afuera, y eso me da más fuerza para seguir», añadió Juan.
Un caso que podría sentar precedente
La querella, que no va dirigida exclusivamente contra el hospital sino contra quienes resulten responsables, solicita además que los funcionarios involucrados sean suspendidos provisionalmente mientras dure la investigación.
Durante el encuentro, la ministra Orellana señaló que «este es un caso que, una vez que nos enteramos, le pedimos a nuestra seremi que coordinara con la autoridad sanitaria para que hubiese la máxima celeridad posible en las investigaciones internas. La Ley integral contra las mujeres define por primera vez desde el año pasado la violencia gineco-obstétrica».
Por su parte, la diputada Carolina Tello explicó que «existe la llamada Ley Adriana, que se encuentra en el Senado, y espero que encuentre un impulso para que avance. El año pasado pudimos incluir la violencia gineco-obstétrica en la Ley Integral, que busca prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres. Creemos que es una herramienta que podemos utilizar, ya que todavía no está la Ley Adriana».
