Aunque hay inversión pública para reforzar los sistemas APR, en muchos sectores el abastecimiento sigue dependiendo de camiones aljibe. Esta es la guía básica —y qué puede exigir— para distinguir un servicio autorizado de uno informal y reducir riesgos sanitarios.
Por Joaquín López Barraza
La Región de Coquimbo enfrenta una grave crisis de desertificación. Desde el norte, el desierto ha avanzado hacia este territorio. Así lo plantea el profesor José Rutllant, ingeniero de la Universidad de Chile, doctor en Meteorología por la Universidad de Wisconsin e investigador titular del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) de La Serena.
«Más que una sequía, esto es una expresión local del cambio climático. Hay una disminución sostenida de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas que agrava la evaporación del agua disponible», advierte.
En esa línea, a fines de diciembre la Seremi de Obras Públicas anunció una inversión superior a los $12 mil millones en infraestructura, talleres de capacitación y fortalecimiento de programas de Agua Potable Rural (APR), con un incremento del 56% respecto de 2024, y una proyección de aumento presupuestario adicional para 2026.
Sin embargo, pese a esos esfuerzos, la realidad de muchos sectores —rurales y algunos puntos que quedan «entre lo urbano y lo rural»— sigue marcada por una práctica cotidiana: comprar agua a camiones aljibe, ya sea porque no existe APR local, porque hay problemas de continuidad, o porque la red disponible no alcanza a cubrir toda la demanda.
Y aquí aparece una pregunta clave para el vecino: ¿cómo sé si el camión aljibe que me está vendiendo agua es un servicio autorizado y fiscalizable, o uno informal?
Qué convierte a un camión aljibe en «legal»
Consultado por Diario La Región, el seremi de Salud Darío Vásquez explicó que los camiones aljibe que distribuyen agua potable se rigen por el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias para la Provisión de Agua Potable mediante el uso de Camiones Aljibe (DS 41/2016). Ese marco establece que el sistema debe contar con autorización sanitaria.
Dicho en simple: no basta con tener un camión con estanque. Para operar como proveedor de agua potable —y para que la autoridad pueda fiscalizarlo como corresponde— debe existir un sistema autorizado, con condiciones sanitarias exigidas y trazabilidad.
Cuántos camiones están autorizados en la región
Un dato relevante entregado por la Seremi de Salud es que, actualmente, en la Región de Coquimbo existen 58 sistemas de distribución de agua potable por camión aljibe, tanto privados como municipales.
También detalló que entre las infracciones más comunes detectadas en fiscalizaciones figuran niveles de cloro por debajo del mínimo exigido, camiones que operan sin formar parte de sistemas autorizados, falta de registros y operadores sin capacitación.
En cuanto a sanciones, recordó que el Código Sanitario contempla desde amonestaciones hasta multas que pueden llegar a montos elevados, dependiendo de la gravedad y de la reiteración.
Si sospecha de un camión «trucho»: dónde denunciar
Si el problema que usted observa es sanitario (agua con olor extraño, procedencia dudosa, camión sin respaldo o sin trazabilidad mínima), el canal natural es la Seremi de Salud, porque es el organismo que autoriza y fiscaliza los sistemas.
Si además existen dudas sobre puntos de extracción (por ejemplo, captaciones improvisadas o no autorizadas), se abre otra dimensión donde se vuelve clave la fiscalización de origen y permisos, porque ahí ya no es solo «venta», sino también de dónde salió el agua.
En una región donde el agua es un recurso cada vez más escaso, la diferencia entre un servicio autorizado y uno informal no es un detalle: es salud pública, trazabilidad y seguridad para el consumidor.
Qué puede exigir el vecino antes de comprar
La autoridad sanitaria explicó que el reglamento no obliga a que el operador «ande mostrando» papeles al cliente en cada venta, pero sí existen documentos que acreditan que el servicio está bajo regla.
En términos prácticos, si usted está pagando por agua —sobre todo si es un proveedor privado o no corresponde a reparto municipal— es razonable pedir antecedentes básicos. Lo que acredita que es un servicio que cumple la normativa es, principalmente:
– Resolución Sanitaria de Autorización de
Funcionamiento del sistema.
– Certificado de Capacitación del Operador.
No se trata de desconfiar por deporte: se trata de dejar una huella verificable de quién abasteció su casa, desde dónde, y bajo qué controles.
Qué fiscaliza Salud: el «mínimo sanitario» que no se puede negociar
Más allá del papeleo, lo más importante es lo que se controla para evitar riesgos sanitarios. Según explicó Vásquez, la fiscalización apunta a verificar el cumplimiento de los artículos que regulan las condiciones del camión y del proceso: integridad y limpieza del estanque, riesgos de contaminación durante el transporte y el trasvase, procedimientos de limpieza y desinfección, y la calidad del agua, incluyendo su origen y un punto clave: la concentración de cloro libre residual, que debe mantenerse dentro de rangos exigidos. Además, se revisa que el camión cuente con equipo de medición de cloro y con registros de operación: ruta, lugares abastecidos y controles, entre otros antecedentes.
