La polémica por los oficios de Hacienda no solo instaló dudas sobre el futuro de distintos programas estatales, sino que abrió una discusión más profunda dentro del oficialismo: hasta dónde es posible ajustar el gasto sin afectar beneficios sociales.
Por Joaquín López Barraza
En ese escenario, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó el rumbo económico del gobierno, pero al mismo tiempo dejó un límite político explícito, amarrado directamente a los compromisos de campaña.
«Si el Presidente propusiera recortar un beneficio social, eso contradeciría su propia promesa de campaña y nosotros no lo podríamos apoyar».
La advertencia no es menor. En medio de un debate aún abierto, el dirigente oficialista marca una línea que condiciona el margen de acción del propio gobierno.
Aunque descarta que hoy existan recortes definidos, sí valida la necesidad de ajustes. La discusión —insiste— no es si se recorta, sino dónde y cómo.
No son recortes,
pero sí ajustes
Ramírez sostiene que no hay decisiones adoptadas y que la polémica se adelantó al proceso real.
«No hay ningún proyecto de ley presentado. Antes de eso, estos son solamente insumos para la discusión». El momento clave, plantea, será la discusión presupuestaria, cuando el gobierno tenga que transparentar sus definiciones.
«Ahí vamos a ver qué se recorta, qué se mantiene y qué se descontinúa». En ese punto, la discusión dejará de ser técnica y pasará a ser política.
Cortar donde
«se pierde la plata»
Donde sí hay claridad —según el dirigente— es en la necesidad de revisar el uso de los recursos públicos. Y ahí el tono cambia. «Hay plata que se está malgastando y que se puede redirigir a cosas que le sirvan a la ciudadanía».
Su principal ejemplo es el sistema de capacitación laboral, donde, afirma, existe un desfase entre gasto y resultados. «Se gastan cerca de 300 millones de dólares al año, pero hay cursos que no cumplen ningún objetivo real».
Pero no se queda en lo general. Describe prácticas que, a su juicio, evidencian el problema: «Se entregan guías para autoaprendizaje, se firma un papel y con eso se recibe el subsidio. Ese no es el espíritu del sistema».
Ahí —sostiene— existe un margen claro de ajuste, sin afectar beneficios directos a las personas. «Podríamos ahorrar entre 100 y 200 millones de dólares al año».
