Tras la decisión unánime de la Corte Suprema, el fiscal regional defendió su actuar y apuntó a la falta de pruebas detrás del requerimiento presentado por parlamentarios oficialistas. Asegura que seguirá investigando «sin miedo y con sentido de justicia».
Por Joaquín López Barraza
Un día después de que la Corte Suprema rechazara por unanimidad su remoción, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, rompió el silencio y enfrentó públicamente las acusaciones que lo mantuvieron bajo la lupa durante cuatro meses. Desde el edificio de la Fiscalía en La Serena, defendió sus decisiones en causas de alta connotación pública y negó que haya existido filtración de antecedentes por parte del Ministerio Público.
La solicitud de remoción fue presentada el 24 de marzo por ocho diputados del oficialismo y fue declarada admisible por el máximo tribunal el 31 del mismo mes. El documento de 47 páginas acusaba a Cooper de haber actuado con desproporción en diligencias como el allanamiento al domicilio de la diputada Karol Cariola, realizado un día después de que diera a luz, y en la autorización de interceptaciones telefónicas que alcanzaron al entorno del presidente Gabriel Boric.
Pese al revuelo político y mediático, la Corte Suprema resolvió el lunes desestimar los argumentos, señalando que no se configuran causales de remoción. La sentencia fue unánime.
Defensa cerrada: «Nunca existieron pruebas contundentes»
«Yo recibo con respeto el fallo de la Excelentísima Corte Suprema. A mi juicio, reafirma que las decisiones deben sustentarse en hechos concretos y no en presiones externas», declaró Cooper el martes por la tarde, al ser abordado por la prensa.
El fiscal evitó referirse directamente a las motivaciones de los diputados, pero cuestionó la falta de fundamentos del requerimiento: «Las solicitudes deben sustentarse en pruebas contundentes. Y a mi juicio, nunca existieron esas pruebas».
Las filtraciones y las causas de alto perfil
Sobre el caso Sierra Bella —donde se investiga un intento fallido de adquisición de la clínica por parte del municipio de Santiago— Cooper negó categóricamente que la Fiscalía haya sido responsable de las filtraciones de conversaciones privadas entre Karol Cariola e Irací Hassler. «Las filtraciones ocurrieron después del 3 de marzo, cuando la carpeta estuvo en manos de los intervinientes. Antes de eso, desde el 18 de diciembre hasta marzo, la información solo estuvo en poder de la Fiscalía Regional y no se conoció públicamente», afirmó.
Respecto a las interceptaciones telefónicas que afectaban indirectamente al presidente Gabriel Boric, aclaró que estas se enmarcan en una investigación por presuntos convenios irregulares. Aunque Cooper evitó entregar detalles, recalcó que las medidas intrusivas «son autorizadas por un juez de garantía» y que él actualmente no tiene esa causa a su cargo.
También defendió el polémico allanamiento al domicilio de Cariola. Según dijo, la diligencia se ejecutó conforme a derecho y así fue validado por el tribunal de garantía. «Después, en detalle, quedó bastante acreditado cómo fueron las cosas. No fue como se trató de indicar en la prensa», sostuvo.
Consultado por el impacto del proceso en su trabajo, reconoció que la situación no fue indiferente. «No es grato para nadie estar siendo cuestionado de esta manera. No se trató de que a uno lo removieran de un caso, sino de que se cuestionara mi idoneidad para ejercer el cargo», dijo, y agregó: «Por supuesto que uno trae consigo cuestionamientos internos, y eso inevitablemente distrae un poco de las funciones del día a día».
Cooper insistió en que nunca dejó de ejercer funciones durante el proceso de remoción, y que las investigaciones en curso no se detuvieron. «Nunca he sido sujeto a un sumario administrativo. Las causas han seguido siendo trabajadas por el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo», afirmó.
«Versión 2.0» y relación con la prensa
En cuanto a su estilo de liderazgo y exposición pública, respondió con autocrítica parcial. Tras bromear al ingresar a la fiscalía con que regresaba «versión 2.0», dijo que está dispuesto a mejorar su relación con la prensa. «Recojo el guante. Siempre se puede mejorar. Yo me debo a la ciudadanía y al trabajo. Muchas veces no me gusta tomar protagonismo», comentó.
Finalmente, descartó haberse sentido amedrentado por la ofensiva en su contra y dejó entrever una crítica a la reiteración de estos procedimientos en el país: «Me parece que soy el cuarto fiscal regional en pasar por esto en los últimos tres años. Quizás habría que revisar la seriedad con la cual se presentan estos requerimientos».
