El fiscal nacional pidió explicaciones a la región de Coquimbo luego de que la justicia anulara escuchas clave. La causa cambia de manos y se enciende el debate sobre los límites del poder persecutor.
Por Joaquín López B.
El terremoto institucional llegó desde el norte, pero hizo crujir a la Fiscalía de Coquimbo. Este viernes, el fiscal nacional Ángel Valencia decidió remover de sus funciones al persecutor Patricio Cooper en el marco del bullado Caso ProCultura, reasignando las diligencias a la Fiscalía Regional de Antofagasta. La decisión se conoció apenas horas después de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad declarara ilegal la interceptación telefónica de Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín.
“El objetivo es asegurar la continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias”, informó el Ministerio Público, que además pidió a Cooper un informe detallado con los puntos observados por el tribunal. El fallo que gatilló esta decisión acogió un recurso de amparo y cuestionó directamente el uso de herramientas intrusivas por parte del equipo investigador, lo que amenaza con erosionar buena parte de la causa.
La investigación, que ya había levantado suspicacias por su alcance y el perfil de sus protagonistas, ahora queda en manos de Juan Castro Bekios, fiscal jefe de Antofagasta, región donde —según la Fiscalía Nacional— se registró el primer hecho bajo indagatoria. Una forma de volver al origen, aunque con otro liderazgo.
“El compromiso es claro: garantizar procesos justos y proteger la confianza ciudadana”, señaló el organismo liderado por Valencia, dejando entrever que los errores no pasaron inadvertidos y que habrá consecuencias administrativas.
Desde Coquimbo, el silencio. Pero el mensaje está claro: el Caso ProCultura seguirá su curso, aunque ahora con lupa no solo sobre sus protagonistas, sino también sobre quienes los investigan.