La Organización de Usuarios del Transporte Público criticó la propuesta en el Senado que busca extender hasta 2032 la suspensión de nuevas inscripciones de taxis y colectivos. Sostienen que el cierre del registro favorece a los gremios, mantiene tarifas altas y no responde a la demanda en sectores periféricos.
Por Joaquín López Barraza
El congelamiento del parque de taxis y colectivos, vigente desde 1998, vuelve al debate legislativo. Una moción de los senadores Alejandra Sepúlveda y Matías Walker propone prolongar la medida hasta 2032, bajo el argumento de que persisten los riesgos de congestión vial, contaminación y sobredemanda. Pero desde la voz de los usuarios, la extensión es vista como una mala señal: aseguran que perpetúa un sistema «monopólico» que no mejora el servicio y golpea directamente el bolsillo de quienes dependen a diario del transporte público.
Un congelamiento que se arrastra desde 1998
El registro nacional para sumar taxis y colectivos está cerrado desde hace casi 27 años a través de sucesivas prórrogas. La más reciente, la Ley 21.286, vence en noviembre de 2025. La nueva iniciativa busca alinearse con la vigencia de la Ley Espejo de subsidio al transporte público, lo que extendería la suspensión por otros siete años.
Para los gremios, se trata de una medida que asegura estabilidad y evita distorsiones en el mercado. Para los usuarios, en cambio, es una fórmula repetida que no se ha traducido en mejor cobertura ni en tarifas más asequibles.
Tarifas altas y falta de competencia
Felipe Barraza, presidente de la Organización de Usuarios del Transporte Público, acusa que el cierre del registro consolidó una situación monopólica. «La Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile mantiene una conducta monopólica porque no dejan que otros ingresen a prestar el servicio. Al no haber competencia, los precios los ponen y los regulan ellos mismos, y la consecuencia es que las tarifas están sumamente caras. Quien paga la cuenta somos los usuarios», afirmó.
El dirigente cuestiona además la rigidez de los precios. «Uno entiende que la benzina suba, pero también en algún momento bajaba. Sin embargo, las tarifas nunca bajan. Siempre se congelan hacia arriba».
Barrios sin cobertura y filas eternas
Uno de los puntos más críticos, según Barraza, es la falta de servicios en sectores que han crecido en las últimas décadas. «En La Serena y Coquimbo, poblaciones como Caleta San Pedro, Colina El Pino, El Sauce o Punta Mira tienen los mismos colectivos de hace décadas. La gente amanece haciendo fila para llegar a clases, al hospital o al trabajo, y de noche prácticamente no hay locomoción. Lo mismo pasó en el recorrido de La Herradura: los primeros días llega la micro, pero después desaparece».
El dirigente sostiene que mantener el parque cerrado no ha prevenido la sobredemanda, como argumentan los senadores, sino que ha profundizado el déficit de cobertura. «Se mantienen las mismas líneas con la misma cantidad de colectivos de hace 10 o 15 años, y los usuarios seguimos sin alternativas», puntualizó.
Desconexión política y falta de representación
Barraza apunta directamente al senador Matías Walker, uno de los patrocinadores de la moción. «El senador de esta región no tiene contacto con los usuarios, sino más bien con los gremios. Falta sensibilidad, falta conexión. Si los parlamentarios apoyan esta moción, estarán en contra de mejorar el sistema de transporte público», advirtió.
El dirigente también criticó la ausencia histórica de la voz ciudadana en la toma de decisiones: «Por años la relación fue entre autoridades y gremios. La mesa estaba coja porque no había una voz de los usuarios. Somos sujetos de derecho, no solo ‘pasajeros’, y como tales tenemos derecho a participar en definir recorridos, frecuencias y precios».
Qué alternativas proponen los usuarios
La organización plantea abrir cupos focalizados allí donde existe déficit, en vez de mantener un cierre generalizado. «No puede cerrarse el parque de buena a primeras otra vez. Hay que mirar sector por sector y permitir nuevos servicios donde falten», señaló Barraza.
El dirigente pidió además evaluar modos de transporte alternativos, y reforzar la fiscalización para evitar conductas colusivas. «Cuando suben las tarifas, todos lo hacen juntos, semanas más o semanas menos. Eso roza la colusión. Y los reclamos formales casi nunca prosperan, porque si no hay un fiscalizador presente, el caso queda en nada», agregó.
La discusión legislativa recién comienza y las organizaciones de usuarios advierten que la voz ciudadana debe estar en el centro. «No se trata de pelear con los gremios, sino de asegurar movilidad real y asequible. Donde se necesite, hay que dar más servicio. Lo contrario es perpetuar las filas, los precios altos y la desconexión política con la realidad cotidiana», concluyó Barraza.