Mientras la cartera de Vivienda y Urbanismo descarta haber intervenido el sitio ceremonial ubicado en el Cerro Grande, el arqueólogo Luis Pizarro asegura que su valor prehispánico fue ignorado y que la protección debió activarse desde el diseño del parque.
Por Joaquín López Barraza
El debate en torno a la estructura conocida como «colca» en el Cerro Grande sumó nuevos antecedentes tras la reciente inauguración del Parque Urbano construido en el sector.
Mientras el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) afirma que las obras se realizaron a más de 500 metros del sitio y que no existió ninguna intervención, el arqueólogo Luis Pizarro sostiene que hubo omisión institucional, ya que el Estado conocía la existencia del lugar desde hace años y no aplicó medidas de resguardo adecuadas.
«El error fue permitir la ejecución del parque sin activar los resguardos que la ley exige cuando se trata de un Monumento Arqueológico. Aquí había antecedentes, y no se hizo lo que correspondía», aseguró Pizarro.
El especialista también aclaró que, a su juicio, la estructura no es una colca, como ha sido informalmente llamada, sino una construcción estatal incaica de carácter ceremonial. «Las colcas eran bodegas rectangulares para almacenar productos. Esta edificación es circular, y por su forma y ubicación corresponde a un centro ritual del siglo XIV, parte de una red ceremonial del Tahuantinsuyo», explicó.
Minvu: «No intervenimos el sitio»
En declaraciones oficiales entregadas a Diario La Región, el seremi de Vivienda de Coquimbo, José Manuel Peralta, descartó categóricamente que las obras hayan tocado el lugar. «La obra del parque no intervino ni intervendrá la zona, la cual se encuentra a más de 500 metros de distancia del área donde se realizaron las obras», señaló.
El Ministerio también explicó que el diseño del parque se elaboró entre 2017 y 2019 con participación ciudadana, y que desde entonces se ha mantenido un diálogo formal con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). A mediados de julio, el Minvu recibió el oficio N° 03565-2025 del CMN, que reconoce formalmente el sitio como Monumento Arqueológico.
Sin embargo, el mismo documento, basado en un informe del arqueólogo Gabriel Cantarutti, establece que la estructura no correspondería a una «qollqa» incaica —como han sostenido algunas agrupaciones—, sino a un depósito de uso productivo datado entre 1840 y 1920. «No existirían razones por las cuales vincular la construcción con tiempos incaicos», señala el oficio.
¿Ceremonias prohibidas?
El punto más polémico del oficio es su interpretación legal respecto al uso actual del sitio. Aunque el CMN reconoce que el espacio ha sido utilizado por comunidades diaguitas con fines ceremoniales durante los últimos ocho años, también recuerda que, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 17.288, no se pueden realizar actividades ni intervenciones en Monumentos Arqueológicos sin autorización expresa.
Esto pone en entredicho la continuidad de los rituales, pese a que desde la comunidad diaguita Elke han insistido en que el lugar tiene un valor espiritual insustituible y que nunca se les consultó formalmente durante la planificación del parque.
Pizarro, por su parte, cuestiona que se espere una declaratoria formal para actuar. «La ley ya protege estos sitios por el solo hecho de su existencia. Aquí hay un patrón institucional: se actúa como si no existieran, hasta que alguien denuncia», afirma.
Tensión no resuelta
Aunque el Minvu asegura estar estudiando el oficio del CMN y valora la reunión sostenida con la comunidad vía Ley de Lobby, el sitio no cuenta aún con señalética, delimitación ni plan de manejo. El parque, en tanto, ya está abierto al público con senderos, zonas recreativas, vigilancia y programas educativos junto al CEAZA.
Para el arqueólogo, la apertura sin medidas específicas pone en riesgo el sitio. «Ahora el peligro ya no es solo por intemperie. Es antropogénico: la gente puede afectarlo sin saber. Esto debió haberse considerado desde el inicio», concluye.
