El administrador del recinto, Sebastián Bravo, advierte que la continuidad del proyecto depende exclusivamente de la voluntad del Arzobispado de La Serena, propietario del inmueble. Tras el fin del juicio civil y sin respuesta de la autoridad eclesiástica, el cierre del recinto se vuelve una posibilidad real.
Sin avances, sin respuesta y con una amenaza de cierre más latente que nunca. Esa es la situación actual del Teatro Centenario de La Serena, cuyo destino depende de una decisión que no depende de tribunales ni de voluntades políticas: recae exclusivamente en el Arzobispado de La Serena, propietario del inmueble y hasta ahora ausente del debate público.
«Ya no es una advertencia, es una realidad: si el arzobispo no se pronuncia, el teatro cerrará», señala Sebastián Bravo, administrador del recinto cultural, quien explica que el juicio civil iniciado en 2023 ya concluyó, y que solo resta esperar la sentencia. El proceso legal determinará el término del contrato de arrendamiento entre la administración actual y la Iglesia.
«Desde diciembre de 2023 he intentado contactar a Luis Retamal, sin respuesta. Y el arzobispo, pese a que está al tanto de toda la situación desde enero, tampoco ha querido pronunciarse. He hecho ofertas, he pedido reuniones, pero solo hay silencio. Y ese silencio es una decisión», añade Bravo.
La continuidad del teatro depende de una definición pendiente
El Teatro Centenario ha seguido funcionando con una cartelera activa: ciclos de cine, obras locales y talleres abiertos a la comunidad. Sin embargo, el futuro del proyecto está en suspenso, a la espera de una señal por parte del Arzobispado, propietario del inmueble.
«Ya hemos reunido más de 14.000 firmas de apoyo, y contamos con el respaldo transversal de autoridades locales y regionales que reconocen el valor del teatro. Pero parece que las únicas personas que no lo reconocen están en el Arzobispado», señaló.
Consultado por este medio, Bravo enfatiza que el control del inmueble es exclusivo de la Iglesia. «No es una opinión, es un hecho. Solo ellos pueden decidir si el teatro continúa o no. El tribunal no obliga al Arzobispado a apoyar el proyecto, pero sí puede terminar el contrato. Y si no hay pronunciamiento, no hay continuidad», advierte.
El Arzobispado responde
El Arzobispado de La Serena entregó una declaración escrita a este medio, firmada por la administradora de bienes, Cecilia Marín Vega. En ella, se aclara que el contrato de arriendo se firmó en marzo de 2020 con Inversiones Alta Cruz Ltda., y que dicho acuerdo contempla la posibilidad de subarriendo.
Respecto al conflicto actual, el Arzobispado se desmarca de las disputas internas entre la empresa arrendataria y sus eventuales subarrendatarios. «Sabemos que existen problemas entre ellos que no son de competencia del Arzobispado, dado que éste ha arrendado a Inversiones Alta Cruz Ltda. con posibilidad de subarriendo», señala el documento.
En su declaración, la Iglesia remarca que es su voluntad mantener el objetivo original del Cine Centenario: «especialmente en fines que favorezcan a la juventud».
¿Y ahora qué?
El fallo del juicio civil aún no tiene fecha definida. Mientras tanto, el futuro del Teatro Centenario continúa dependiendo de una decisión del Arzobispado de La Serena, propietario del inmueble y actor clave en la continuidad del proyecto.
«Entendemos que, al guardar silencio, el Arzobispado está respaldando a Luis Retamal, pese a las irregularidades que hemos denunciado. No vemos disposición para abrir una negociación, a pesar de que hemos hecho propuestas formales y mantenido el proyecto en funcionamiento», dijo.
Por ahora, la administración del teatro permanece a la espera de una señal institucional. El desenlace no dependerá del fallo judicial, sino del rumbo que decida tomar la autoridad eclesiástica sobre el uso del inmueble.