El informe emana de una solicitud de la propia intendenta Lucía Pinto, para revisar aspectos financieros en relación a proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, (FNDR) en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
Con el objetivo de efectuar una auditoría y un examen de cuentas a los proyectos financiados con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, la Contraloría evacuó su informe final N°963/2019, en base a una investigación realizada al Gobierno Regional en la que establece graves hechos.
En la investigación se verificó también la correcta ejecución de los proyectos de Cultura, Social, Deporte, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, adjudicados con recursos del 6% del FNDR. Las transacciones realizadas cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias.
COMIENZAN LOS
PROBLEMAS
Pero en otros acápites, el largo y detallado informe establece que el consejero regional Hanna Jarufe (Independiente por Limari), habiéndose pronunciado previamente en la asignación de 20 proyectos, participó como proveedor de los mismos, por un monto de $ 15.559.968.
Por su parte, la hija de la ex consejera regional Gloria Torres Espejo, (UDI por la provincia de Elqui) participó como proveedora de bienes y servicios en 17 iniciativas por un total de $ 30.199.151, de los cuales en el periodo examinado la ex core había aprobado la asignación de tres de ellos por un total de $ 12.687.751.
Debido a lo anterior, desde Contraloría señalan que se remitirá una copia del informe al Consejo Regional de Coquimbo, quienes dieron a conocer que lo revisarán este lunes y martes, para que los consejeros regionales verifiquen la situación y pueden determinar la procedencia de concurrir al Tribunal Electoral Regional, conforme a sus competencias.
Además, el ente contralor confirma que se comunicará a la Fiscalía Local de La Serena del Ministerio Público para los fines legales que correspondan.
¿Cuáles otras irregularidades se detectaron?
Contraloría explica en su informe que en relación con el cumplimiento normativo y reglamentario durante la ejecución de los proyectos financiados con el 6% de los dineros del FNDR, se establecieron vulneraciones a las bases administrativas, convenios y reglamentación sobre la materia en diferentes áreas.
A modo de ejemplo, se constató que en las rendiciones de 47 proyectos de la línea de formación de capital social se financió con más del 98% de los recursos otorgados en gastos complementarios como traslados, alojamiento y alimentación, en desmedro del objeto principal, sin que el GORE haya objetado en su oportunidad esas rendiciones.
Además, en 24 iniciativas las rendiciones presentadas no respetaron la estructura de gastos prescritas en los pliegos de condiciones, del mismo modo se determinó que 53 proyectos no se ajustaron a los plazos de ejecución y rendición estipulados al efecto, a su vez, en 121 iniciativas no se presentaron la totalidad de los antecedentes correspondientes a la rendición de cuentas cualitativa o informes de cierre que exige la normativa.
NO HUBO SUPERVISIÓN
DEL GORE EN LAS
INICIATIVAS
«Agrava las situaciones enunciadas el hecho que el GORE no efectuó en ese periodo ninguna supervisión a las iniciativas financiadas con el 6% de los fondos enunciados. Sobre el particular, el GORE deberá demostrar para cada uno de los proyectos observados la oportunidad en la que han sido regularizadas las objeciones planteadas, las acciones administrativas y judiciales de cobranza adoptadas y otras medidas que se tomarán durante el proceso, sin perjuicio que además, dicha entidad deberá dar inicio a un proceso disciplinario con el fin determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos», añade el documento.
Otra de las conclusiones del informe de Contraloría, es que determina que al 8 de noviembre de 2019, se encontraba pendiente de rendición de cuentas $2.443.784.901, de los cuales un monto ascendente a $2.205.855.905, se encontraba registrado en la cuenta 121.06.01 ‘Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado», desconociendose a la fecha desde cuándo se encuentran pendientes de rendición los referidos montos.
Asimismo, se deberá elaborar un plan de regularización a través de la obtención de las rendiciones de cuentas considerando acciones administrativas y judiciales o ajustes contables fundados, que permitan normalizar el saldo objetado.
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