A tres meses del estallido social: ¿En qué han avanzado las demandas sociales?

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El sistema de pensiones, la salud, el transporte público, la educación, el agua y una respuesta ante los casos de abusos y corrupción son parte de las demandas sociales de muchos chilenos que han provocado el malestar actual.

Atrás quedaron las grandes marchas, los saqueos, el enfrentamiento de encapuchados con Carabineros que comenzó el pasado 18 de octubre, cuando partió un movimiento social sin precedentes en la historia moderna de Chile. Todo se inició con una evasión masiva al sistema de transporte de trenes capitalino, el Metro, y luego se extendió a gran parte de las ciudades.

«No es por 30 pesos, es por 30 años», fue una de las primeras consignas que se escuchaban en ese entonces bajo el ruido ensordecedor de los cacerolazos. Es una oración que, sin duda, explica parte del profundo malestar que hay detrás de las violentas protestas ocurridas, hace ya tres meses.

Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del Metro en 30 pesos fue solo la «gota que rebalsó el vaso». Muchos habitantes del país dicen sentirse «abusados» por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad «justa».

Pero ¿cuáles son estas «deudas sociales» por las que reclama parte de la sociedad?

El sistema de pensiones

Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos años en Chile.
El sistema de pensiones que actualmente rige en el país, creado en 1982 durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.

En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.

Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar «pensiones dignas», y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.

Los cuestionamientos a este modelo que, precisamente, fue ideado por el hermano del Presidente, José Piñera, han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.

Actualmente, el gobierno anunció una reforma al sistema de pensiones y confirmó un nuevo pilar solidario.

La iniciativa contempla un aumento de 6% en la cotización adicional con cargo al empleador. Además, las AFP devolverían parte de la comisión cuando la rentabilidad de los fondos sea negativa.

En los próximos días se enviará al Congreso un proyecto de ley que modifica los aportes del ahorro previsional. En primer lugar, se establecerá un aporte de 3% adicional y gradual, de cargo al empleador, que se suma al 10% actual, y complementará el ahorro previsional a cada trabajador, lo que en régimen significará un aumento de 30% en las pensiones.

Asimismo, se creará un fondo de ahorro «colectivo y solidario», con un aporte adicional y gradual de 3%, de cargo del empleador.

Salud y desprotección

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Éstas últimas, durante el pasado miércoles dieron un paso importante ya que el Gobierno anunció el fin de cobros discriminatorios en las Isapres y tanto los hombres como mujeres pagarán lo mismo.

A partir de abril del próximo año, las mujeres pagarán por su plan de salud lo mismo que los hombres, dando término a las desigualdades y la discriminación por género en dicho sistema de salud, para ello se aplicará una sola tabla de factores, a diferencia de lo que existe actualmente.

Por ejemplo, si actualmente una mujer de 35 años paga por su plan de salud en una Isapre alrededor de 140 mil pesos, un hombre de la misma edad paga 58 mil pesos, es decir, una diferencia de más del doble. Con este nuevo anuncio, ahora ambos cancelarán 70 mil pesos.

Respecto a Fonasa, que ha mostrado mejoras en los últimos años, aunque tiene muchos asuntos pendientes. Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Otro de los últimos anuncios tiene que ver con la promulgada ley Cenabast, que permitirá bajar hasta en 70% el precio de medicamentos. La nueva normativa, que entrará en vigencia el próximo 6 de abril, permite la intermediación del organismo para farmacias y almacenes farmacéuticos, que a través de un convenio deberán definir un límite al precio de comercialización de los medicamentos.

Transporte público: un problema sin resolverse

En Santiago existe la Red Metropolitana de Movilidad, antes conocido como el Transantiago, en regiones, la «ley espejo», que iguala los montos invertidos en la capital, pero a lo largo de Chile.

Pero más que solo anuncios, como un tranvía en la conurbación de La Serena y Coquimbo, no hay muchas novedades en este ítem.

El transporte público en la región de Coquimbo continúa dependiendo de la oferta y la demanda, en manos de privados, que hacen lo que está a su alcance para ofrecer un buen servicio, los que durante los últimos días se han visto en la obligación, según la contingencia, de variar sus recorridos, y en consecuencia sus ingresos.

Privatización del agua

Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre los chilenos es el Código de Aguas. El modelo de gestión -que fue establecido en 1981- genera polémica en el país pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

El pasado 8 de enero, el Senado rechazó -por 24 votos a favor y 12 en contra- el proyecto que buscaba consagrar el agua como un bien de uso público. La iniciativa pretendía consagrar en la Carta Fundamental el agua como un recurso «cuyo dominio y uso pertenece a toda la ciudadanía».

EDUCACIÓN

La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa «revolución pingüina», cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo, en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena, los análisis coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.

Otra elemento cuestionado es el Sistema de Admisión Escolar, en donde el gobierno trató de implementar la «Admisión Justa», que se basaba en el mérito y no en el azar para que los escolares pudieran ingresar a los colegios, la que fue finalmente rechazada.

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