Meganoticias, en la edición de este domingo, dio a conocer que la Contraloría General de la República realizó una auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y los servicios relacionados respecto a la ocupación ilegal o irregular de terrenos fiscales en el borde costero de la región de Coquimbo, que se extiende por un largo de 56 kilómetros en total. La fiscalización se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y los resultados fueron dados a conocer en agosto del año pasado.
La revisión tuvo por finalidad constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que disponen los servicios públicos relacionados con la materia, para identificar, mitigar y recuperar las ocupaciones ilegales o irregulares de terrenos fiscales. Además de poder verificar que la labor de fiscalización de las entidades relacionadas se ejecute de forma eficiente y oportuna.
Respecto de la fiscalización realizada, se determinaron diversas situaciones que dan cuenta de la ausencia de mecanismos de coordinación y acción oportuna de los órganos competentes para identificar, mitigar y recuperar las ocupaciones ilegales o irregulares de terrenos fiscales en el borde costero de la región de Coquimbo.
Giannina González, seremi de Bienes Nacionales, se refirió al reportaje de Meganoticia y explicó que «de esas observaciones que la Contraloría nos hizo en agosto, hemos ido avanzando, de hecho este miércoles 15 tenemos que entregar el segundo informe con las respuestas a las observaciones».
«La Seremía le ha dado respuesta a todos los casos que se encuentran, principalmente a los que muestra el reportaje de Mega, donde estamos hablando de los tres camping, esto se encuentra hoy en día con oficios en el Consejo de Defensa del Estado, ya que dos de ellos se encontraban de manera irregular, porque habían tenido un acto administrativo con el Ministerio, y hay otro que está ilegal, que lo firmé recientemente en diciembre de 2019», agregó González.
La seremi sostuvo que «a ellos se les niega la posibilidad de tener un arriendo con el Ministerio, primero en 2009 se les arrienda, después se puso término en 2010, por lo que pasó en el 27F, ya que no tenían medidas de mitigación ni tampoco de evacuación, desde ahí ellos están de manera irregular, y el último camping que firmé estaba de manera ilegal».
González enfatizó en que los sitios están en zona de riesgo, y aun en el caso que Bienes Nacionales decida arrendarles, de todas formas la Municipalidad de Coquimbo rechazaría la tramitación, porque el PRI no lo permite, «al final ellos igual deben salir de ese sector, porque es un peligro, y nosotros como autoridad no podemos firmar ese documento porque tenemos responsabilidad penal si lo hacemos y llegara a suceder alguna situación complicada».
Consultada si los campings podrían ser desalojados, explicó que «cuando ingresamos con oficios al Consejo de Defensa de Estado, a ellos se les notifica para una restitución, y eso se entiende que es un desalojo, y son las gobernaciones provinciales las encargados de llevarlo a cabo».
Y sostuvo que «respecto a esas observaciones, venía Totoralillo Norte, en la comuna de La Higuera y el caso del Humedal el Culebrón en Coquimbo, y tuvimos que esperar que asumieran en la gobernación provincial de Elqui, porque estuvimos como dos meses en que se iba la ex gobernadora, después un mes en que nombraran, y después nosotros hicimos el desalojo, y esa fue una de las medidas que se asumieron cuando llegaron las observaciones, y después pasamos a Totoralillo Norte, donde encontramos que teníamos 102 personas emplazadas de manera ilegal en propiedad fiscal».
«Fuimos a fiscalizar el año pasado dos veces, le pedí a los funcionarios de fiscalización que hicieran un catastro de quiénes son los que encontraban, y la mayoría de la gente no tenía un registro social de hogares o estaba por sobre el 40% de vulnerabilidad, por lo tanto no pueden acceder a algún beneficio, y segundo, ellos se encuentran de manera ilegal y tienen una segunda vivienda», puntualizó.
La autoridad comentó, además, que la gente que se encuentra en ese sector debe salir lo más pronto posible, «por eso oficiamos al Consejo de Defensa del Estado, entregándoles toda la información».
Por lo pronto, desde la Seremi de Desarrollo Social se encuentran a la espera del Consejo de Defensa del Estado, y a la gobernación de Elqui todavía no la han oficiado, porque cuando estaban realizando la tramitación ocurrió el estallido social, «teníamos que ver bien primero y ser criteriosos con la situación que estábamos viviendo», concluyó la seremi.
«Hemos hecho nuestra tarea administrativa»
En conversación con René Moraga, capitán de puerto de Coquimbo y gobernador marítimo (s), señaló que «nuestro proceso administrativo está terminado. Cuando hay un tema de observaciones de la Contraloría, pueden haber algunas observaciones administrativas y las subsanamos».
«Se revisa todo, porque hay plazos y procesos, para el caso de los ocupantes ilegales queda solicitar el auxilio a través del desalojo con fuerza pública, y desde el punto vista administrativo hemos hecho nuestra parte», agregó.
Luego el capitán relató que para la auditoria fue un trabajo de cerca de dos meses, «llegaron las observaciones y nosotros hemos levantado todas las acciones administrativas que nos competía en materia de notificaciones respecto de los ocupantes ilegales», sostuvo.