La amenaza con un arma de fuego a una doctora en el Cesfam de Las Compañías, hecho ocurrido la semana pasada, aún tiene preocupado al colegio médico regional. Porque no basta con la querella interpuesta en el Juzgado de Garantía de La Serena. Y tampoco por la acción legal que presentará la Corporación Municipal Gabriel González Videla, entidad que administra el recinto de salud.
Esto, porque las agresiones, tanto físicas como verbales, no son ajenas a la realidad. Y aunque aseguran los profesionales de la salud que con el tiempo se han tomado medidas de precaución, los números hablan por sí solos.
Matías Segura, secretario de la Asociación de Funcionarios Médicos de la Corporación Gabriel González Videla y presidente del Capítulo de Atención Primaria de Salud de La Serena, admite que hace poco tuvieron una reunión con la mesa regional de prevención y atención de agresiones en el trabajo, mesa que comenzó recién este año, donde se hizo un análisis estadístico de las últimas agresiones a profesionales en la región, y actualmente, asegura, «hay un total de 195 agresiones, de las que el 71% son verbales, pero también hay un 8% que es amenaza y un 14% que son físicas, que equivale a 27 agresiones y 15 amenazas en total. Y de ese número prácticamente el 76% ocurre en los APS y el 24% en los hospitales, por lo tanto esto es un asunto de mucha preocupación».
Agrega que en La Serena ya hubo casos parecidos el año pasado, con agresiones físicas directas, lo que ha repercutido en problemas de relación a la sensación de inseguridad en los Cesfam y en los cambios de lugar de trabajos en algunos médicos.
Respecto a que si este tema se está normalizando, especialmente por parte de las autoridades, cuenta que «Lo que ocurre es que muchas de las agresiones, que son verbales, no necesariamente son denunciadas por parte del funcionario. Existe muchas veces la idea de que las agresiones, en el contexto de una patología de salud mental, quizás se podrían justificar, pero en realidad tampoco es tan así. Lo que ocurre es que las agresiones físicas si se denuncian, aunque algunas veces no. En cambio las amenazas no necesariamente y las agresiones verbales tampoco, entonces ocurre que acá no necesariamente la cantidad de denuncias que son entregadas representan el valor real de las agresiones que ocurren en la atención. Por lo tanto, puede existir una cierta normalización dependiendo del lugar de trabajo, y eso es lo que queremos romper, pues la idea es promover que se denuncien estos casos».
Para el dirigente, la escalada de violencia se ha visto no solamente en La Serena y en la región, sino que también en el último tiempo en otros lugares del país, radica básicamente en que es multifactorial, «porque a veces muchos usuarios llegan con una impotencia debido al hecho de que existen deficiencias en su sistema de salud, les faltan medicamentos, por lo tanto ocurren hechos así, y muchas veces algunos funcionarios como que lo normalizan, pero son varios los factores que determinan que no se denuncien todos los casos».
Los profesionales de la salud reconocen que este tema de la violencia lo han hablado con diferentes autoridades, en diferentes momentos.
«Como funcionarios de la Corporación Gabriel González Videla se habló de esta situación hace un par de años y hubo medidas para mejorar la sensación de inseguridad, incluyendo guardias en los Cesfam. Ahora, claro, todavía hay que ir avanzando, pero también se debe considerar que hace poco salió una normativa técnica del ministerio para saber qué hacer en caso de agresiones. También existe un formulario de agresiones que se está evaluando, incluso, poder utilizarlo como documento de denuncia, para que no se tenga que ir a denunciar después. Entonces son avances que han aparecido en el último tiempo, aunque falta aún para poder terminar con las agresiones, ya que es un tema progresivo. Primero, aparte de la concientización de los funcionarios y la respuesta, si queremos evitar las agresiones, se debe entender bien al escalada de violencia, el trato, evaluar los factores que existen al interior de un centro de salud, que son diferentes de un lado a otro, la población y un tema cultural. Nosotros tenemos la obligación de dar la mejor atención posible, pero también hay cosas que no dependen de los funcionarios».
