A la fecha, cuenta la jefa regional del Instituto de Derechos Humnanos Tarcila Piña, van 244 denuncias por distintas vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, y 30 querellas y acciones judiciales, donde el 97% de las acciones corresponden a Carabineros de Chile.
Inicialmente, el viernes 18 de octubre, el caos estalló en Santiago. Y se prolongó a regiones. Acá principalmente a La Serena y Coquimbo.
Hoy, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) regional entregó un balance de la situación registrada, advirtiendo que se han registrado dos homicidios, violaciones a los derechos humanos y varias querellas presentadas.
Según lo expresado por su jefa regional Tarcila Piña, los hechos acontecidos generan que «la situación sea grave», y es básicamente porque a un mes de iniciadas estas movilizaciones por demandas sociales, todo este periodo en que se decreta estado de emergencia constitucional en la región, desde el 20 al 27 de octubre, «como sede regional y después de un balance sobre la actuación de los agentes del Estado, hemos señalado que se han violado los derechos humanos de acuerdo a los casos que hemos podido conocer, puesto que hemos recibido denuncias y además, por la interposición de las acciones judiciales que hemos presentado».
Y son casos «graves, muy graves», añade. Y agrega: «Partiendo por los dos homicidios que lamentablemente ocurrieron en los primeros días del estado de excepción constitucional, más un homicidio frustrado, los que fueron cometidos por funcionarios del Ejército durante esos días y contra quienes ya se presentaron las acciones judiciales correspondientes».
Destaca Piña, respecto a la gran cantidad de acusaciones, «que hasta el momento llevamos 244 denuncias por distintas vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. De estas denuncia hemos recibido 46 sobre personas que han resultado heridas por perdigones o balines, y en razón de los heridos por disparos en sus ojos, en la sede regional hemos acogido cuatro denuncias respecto de personas que han sufrido algún tipo de lesión por disparo, dos que corresponden a traumas oculares y dos a estallidos oculares, siendo el caso más grave el de un adolescente que fue impactado por perdigones y que resultó con la pérdida de su ojo. En total tenemos -y hasta el momento- 30 querellas y acciones judiciales, y como siempre he dicho, este es un número variable, porque a medida que se van confeccionando las nuevas acciones judiciales este es un número que claramente aumentará…».
Nunca, y lo aclara Tarcila Piña, ex seremi del Trabajo, pensó que como directora regional, junto a su equipo, que se encontrarían con tantas vulneraciones a los derechos humanos en tan poco tiempo.
«Desde que se inició esto, y el trabajo en terreno que comenzamos desde el 19 de octubre, tanto en observaciones de las manifestaciones, en el trabajo en terreno que hemos hecho, en las comisarías de la región y en los hospitales, la verdad es que nunca uno espera encontrarse con una situación tan grave de violación a los derechos humanos. Pero claramente ya en los primeros días teníamos a dos personas fallecidas y luego vino una seguidilla de denuncias respecto de muchas personas heridas por balines, vulneradas, golpeadas con contusiones, por agresiones sexuales, desnudamientos en los procesos de registros en las comisarías, y que si bien corresponde a muchas personas heridas de sexo masculino, sin lugar a dudas que las mujeres están siendo sometidas a vejaciones sexuales, como son los procedimientos en el sometimiento del ejercicio en el contexto de las comisarías».
Insiste en que «nunca esperamos haber tenido situaciones de esta envergadura, francamente una violación a la dignidad de las personas y a sus derechos humanos. El último llamado que hemos hecho es a que la institución de Carabineros cumpla los protocolos sobre orden público, porque claramente las cifras muestran de que la institución denunciada de haber realizado estas vulneraciones y violaciones principalmente es Carabineros de Chile, con un 97%, luego, con un 2%, se encuentra el Ejército, en el momento en que estábamos con estado de excepción constitucional, y solamente un 1% corresponde a funcionarios de la PDI. Si bien existe una preocupación, sin lugar a dudas que el INDH seguirá ejerciendo su mandato legal de levantar información, verificar los casos y presentar las acciones judiciales que correspondan de acuerdo a nuestro mandato legal».