La Serena es una de las ciudades más hermosas y visitadas del país. Muchos de los turistas vienen a conocer sus iglesias o edificios coloniales que se encuentran ubicados en el llamado casco histórico. Sin embargo, cuando quieren inmortalizar su visita con una fotografía comienzan los problemas. Miles de cables ensucian la toma y no permiten apreciar estos edificios en toda su majestuosidad.
Un claro ejemplo es la iglesia San Francisco, que data del año 1563 y que se ubicada en la calle Balmaceda. Su fachada muestra una madeja de cables de diversos colores y texturas. La pregunta que nos podemos hacer es; ¿Merecen los turistas y ciudadanos de La Serena tener esta visión de sus edificios patrimoniales?. ¿No existe una forma de obligar a las empresas eléctricas y de comunicaciones que frente a estos edificios puedan llevar de manera subterránea sus cables?.
El tema fue abordado durante el último concejo comunal de La Serena y se ratificó la importancia de proteger el casco histórico no solo de los rayados o de quienes intentan dañarlo, sino también de la contaminación visual que producen los kilómetros de cables en desuso.
En la oportunidad se afirmó además que La Serena debiera tener una ordenanza municipal como la que tienen algunas comunas del país, haciendo mención a Punta Arenas y Valdivia entre otras. «Hace algunos años algunas empresas tanto eléctricas como de telefonía tuvieron la buena intención de retirar el «Cable Basura» e iniciaron sus nuevas instalaciones de manera subterránea asumiendo ellos los costos que ello significaba, el cual actualmente bordea los casi 180 millones de pesos por cuadra, pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que gran parte del nuestro casco histórico continúa en las mismas condiciones dañando la visibilidad de nuestro patrimonio contaminando visualmente a nuestra ciudad, por lo tanto es importante la creación de una normativa que obligue a las empresas a retirar los cables que ya no utiliza y a hacerse cargo de la totalidad de los gastos de este proceso, costo que nosotros no podemos asumir como municipio y además no nos corresponde», indicó el concejal y gestor de la iniciativa, Juan Carlos Thenoux.
Por otra parte, el concejal serenense también se refirió a la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional quienes el año 2014 le entregaron a la Presidenta Michelle Bachelet el informe final donde se propone fijar como fecha límite para su soterramiento el 2015.
«Se habló de multas de hasta 200 por ciento del valor que tiene enterrarlos, para aquellas empresas que no cumplan con la normativa indicada. La comisión propuso la creación de una norma que, por primera vez, incentive el soterramiento del cableado aéreo en zonas urbanas. Hace algunos días el diputado Javier Hernández presentó un proyecto al respecto, donde parte de su texto legal indica que las empresas que con ocasión del servicio que prestan mantengan cables aéreos en desuso, serán sancionadas con una multa de 500 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), sin perjuicio de las facultades que la ley le asigne a las municipalidades u otros organismos públicos», indicó Thenoux.
