La directiva de la Organización de Usuarios del Transporte y sus comisiones sectoriales expusieron esta semana sobre tres puntos; el primero sobre la mesa de trabajo sectorial que se inició en julio, que involucra a las juntas de vecinos de Colina El Pino, Barrio Universitario y La Arboleda; el Seremi de Transporte, el presidente de la Organización de Usuarios, Felipe Barraza y la directiva de los colectivos 61 y 63.
El segundo punto se dio cuenta de la entrega de 1.050 firmas y la solicitud que se entregó en la oficina de partes de la Seremi de Transportes para la extensión de un recorrido de micro para las cercanías de la Universidad Central e Inacap. Esta medida ha tenido muy buena aceptación en la comunidad, especialmente del sector para donde se está pidiendo que pase el transporte mayor.
El tercer punto fue considerado el más importante de la sesión, sobre las tarifas del transporte público de la conurbación La Serena- Coquimbo. Para Felipe Avalos, delegado sectorial del Milagro II, encuentra que «es la más cara en relación a otras ciudades del país». Además, considera que «es un abuso que se cobren 50 pesos adicional cuando es domingo o feriado».
Para Diego Muñoz, delegado del sector Puerta del Mar, «la tarifa le parece excesiva ya que sube, sube y no baja, aunque baje la bencina. Para el sector de Puerta del Mar la locomoción es malísima, la locomoción pasa hacia ese sector en los horarios que más les conviene, cuando quieren o si no pasan de largo, sobre todo en las noches»
Indira Núñez, estudiante universitaria y delegada del sector Peñuelas Oriente, señaló que «la tarifa que se paga es mucho aunque yo pago con pase, eso igual influye en los malos tratos por parte de los choferes». Añade que «el estado de las máquinas es malo. Las mujeres que son madres y van con coche, les hacen el quite o le cobran la carga como otro pasaje», aunque la normativa dice que no se debe cobrar por la carga en el transporte urbano».
El vicepresidente de los Usuarios del Transporte, Enrique Gárate, encuentra que «es absurdo que exista un pasaje en la locomoción menor que bordea cerca de los mil pesos por tramos tan cortos, no como en Santiago».
El presidente de la Organización de Usuarios, Felipe Barraza, apuntó que «debe ser el Estado quien ponga un control sobre la tarifa. El transporte público no puede regular sus precios en relación a la oferta y la demanda, el Estado debe garantizar el acceso económico para todos los usuarios» por lo que hizo un llamado al gobierno y a todos los parlamentarios a «hacer una reforma profunda al decreto 212 del año 92, actualizar la normativa a los nuevos tiempos ya que lo que tenemos hoy es un decreto cada vez más obsoleto que ni siquiera considera la voz de los usuarios y la comunidad en general. El transporte público lo hacemos todos los actores; autoridades, choferes y pasajeros, siendo a estos últimos a quienes debe beneficiar el sistema».
