La abogada integrante de Abofem Coquimbo cuestiona el actuar del sistema judicial y la falta de perspectiva de género en la investigación de femicidios. Además, denuncia el desconocimiento que enfrentan las familias de las víctimas durante los procesos.
Según la abogada Lorena González, co-directora de Abofem Coquimbo, la sensación de poca transparencia en la entrega de información es una situación reiterada entre las familias de víctimas de femicidio. «Tenemos una mirada respecto a cómo se llevan este tipo de investigaciones, donde efectivamente no les toman el peso», comenta, señalando uno de los principales reclamos de su agrupación.
Para González, esto ralentiza todo tipo de investigación y búsqueda. «Lo que alegamos es que no hay una visión real de proteger a las mujeres que son víctimas de estos brutales femicidios», afirma.
Lo compara con el primer caso de femicidio registrado en la región, en enero de este año, que en una primera instancia fue presentado como muerte natural, lo que, a su juicio, refuerza la desestimación de este tipo de crímenes.
«Tampoco se le tomó el peso y, posteriormente, durante la investigación, se dieron cuenta de que no fue una muerte natural, sino que fue un femicidio».
Este tipo de errores iniciales puede generar fallas graves en la investigación y demorar la captura del agresor. «Sin encontrarlo, obviamente no podrían seguir con el juicio», advierte, dejando en evidencia el riesgo de impunidad.
«Por lo tanto, el tema es que no terminamos nunca», agrega. En ese sentido, plantea que si el culpable del asesinato de Ana María Pizarro llegara a salir del país, «la verdad es que no habría justicia real para la familia de la víctima».
Otro factor que dificulta los procesos judiciales es el desconocimiento de las familias o víctimas respecto al funcionamiento del sistema de justicia.
Generalmente, la Fiscalía reúne testimonios y declaraciones para recabar antecedentes, pero no siempre considera todas las aristas disponibles. Incluso cuando surgen antecedentes en entrevistas públicas, «esas no las toma como parte de las pruebas y tampoco los llama a declarar».
Como ejemplo a nivel nacional, está el caso de Fernanda Massiel, una joven de 21 años y con siete meses de embarazo, que desapareció el 10 de febrero de 2018. Pese a que su madre sospechó desde el inicio de un amigo cercano, Felipe Rojas Lobos, pasaron casi 500 días antes de encontrar su cuerpo enterrado en una bodega donde él trabajaba.
«La gente no sabe, y no tiene por qué hacerlo, que se puede pedir hacerse parte de la investigación. Por ejemplo, solicitar formalmente a la Fiscalía que entreviste a cierta persona», señala. Por eso, una parte esencial del trabajo que realiza su agrupación es orientar y guiar a las víctimas y sus familias.
Sin embargo, muchas veces las personas no lo hacen, ya que esperan que sea el ente investigador quien actúe de forma autónoma.
A pesar de algunos avances, como una mayor visibilidad en el ámbito político sobre la necesidad de implementar una perspectiva de género en las instituciones, la abogada sostiene que aún queda mucho por hacer. «Falta que los mismos jueces y fiscales puedan aplicar esto, que lo vean con una mirada distinta, que no se le vea como cualquier tipo de homicidio».
Aunque como organización no patrocinan causas judiciales, desde Abofem «podemos estar haciendo presión o apoyar desde atrás».