Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística iniciaron diligencias tras una denuncia por inhumaciones ilegales en el cementerio municipal. La investigación se abrió luego de que el municipio detectara exhumaciones sin protocolo, restos desaparecidos y cuerpos no identificados.
Por Joaquín López Barraza
La Fiscalía de La Serena instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI tras una denuncia por inhumaciones ilegales en el Cementerio Municipal de Las Compañías, en la zona norte de la capital regional. La investigación se inició luego de que la municipalidad detectara graves irregularidades, incluyendo exhumaciones sin protocolo, la desaparición de al menos nueve cuerpos y la existencia de 31 restos humanos sin identificar.
«Detectives de esta brigada especializada y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional iniciaron el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso, debido a una presunta inhumación ilegal que se habría detectado durante este año», indicó el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena. Las primeras diligencias comenzaron la mañana del sábado, por instrucción del Ministerio Público.
Desde el municipio, la alcaldesa Daniela Norambuena presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables. Según detalló, una investigación interna reveló exhumaciones realizadas sin cumplir con los protocolos, participación de personal no capacitado e incumplimientos graves a la normativa interna. «En paralelo a la presentación de esta querella, se han reforzado las medidas de prevención de delitos en toda la institución. Además, ordené la elaboración de un informe consolidado de todas las exhumaciones y reducciones realizadas en los últimos cinco años», señaló la jefa comunal.
Norambuena agregó que estos hechos ya habían sido advertidos por la administración anterior. «Ya en el año 2020, una investigación interna había identificado irregularidades administrativas en el mismo recinto. Sin embargo, el procedimiento quedó inactivo por decisión de la autoridad de la época, no se dio seguimiento ni se dictó resolución administrativa», afirmó.
Desde la Seremi de Salud, el seremi Darío Vásquez aclaró que las exhumaciones deben ser solicitadas por familiares directos y autorizadas por la autoridad sanitaria, cumpliendo con condiciones sanitarias estrictas. «Se exige el certificado de defunción del difunto, que los solicitantes acrediten parentesco, y que el cadáver sea transportado en un carro mortuorio autorizado. Además, si el traslado es a otro cementerio o crematorio, debe realizarse en presencia de un fiscalizador para verificar el estado de la urna y las condiciones del cuerpo», explicó.
La Seremi de Salud puede fiscalizar estos procedimientos tanto en terreno como mediante revisión documental. La PDI continúa con las indagatorias, cuyos antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía.
Hasta ahora no se ha informado de funcionarios sancionados ni se ha confirmado si existen familias afectadas identificadas. El avance de la investigación penal y los informes municipales serán clave para establecer responsabilidades y esclarecer el destino de los restos desaparecidos.
