El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la solicitud de audiencia pública presentada por Andes Iron SpA, firma propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, en el marco de la contienda de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental por el futuro del polémico proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.
En una resolución dictada el 15 de mayo, la Segunda Sala del TC desestimó las solicitudes de Andes Iron, del Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile y de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), señalando que el conflicto constitucional se encuentra suficientemente acotado y que no es necesario convocar a una audiencia pública para su resolución.
La ofensiva judicial de Andes Iron había incluido el anuncio de la incorporación del abogado Jorge Correa Sutil a su equipo jurídico. Correa, exministro del mismo Tribunal Constitucional (2006-2009) y exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos, ha representado a destacados jueces como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama, y ahora se involucra en la resolución de un caso que podría definir el destino del megaproyecto de US$2.500 millones.
La controversia tiene su origen en la instrucción del Primer Tribunal Ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para emitir una nueva resolución sobre Dominga. El Ejecutivo consideró que dicha medida excede las atribuciones del tribunal ambiental, argumentando que las decisiones finales en materias ambientales competen exclusivamente al Comité de Ministros. Por ello, presentó un requerimiento ante el TC para dirimir la disputa de competencias y suspender temporalmente los procesos judiciales asociados.
En su presentación, Andes Iron alegó que existen múltiples terceros con interés legítimo en el proceso, y que por tanto era indispensable una audiencia pública para garantizar transparencia y participación. No obstante, el TC reiteró que solo los órganos del Estado involucrados directamente en la contienda —es decir, el Gobierno y el tribunal ambiental— tienen legitimación activa para intervenir en este procedimiento.