La formalización de Lucía Pinto y otros seis imputados por fraude al fisco y delitos tributarios se desarrolló con escasa prensa, sin figuras políticas presentes y lejos del bullicio que el caso generó años atrás.
Por Joaquín López B.
El frontis del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena fue el primer escenario del día. La prensa local —la poca que llegó— se mantenía expectante. No había móviles de canales nacionales ni enjambres de micrófonos. Apenas un par de cámaras, celulares y grabadoras en guardia.
Eran las ocho y media, y el escándalo de corrupción administrativa más grande en la historia reciente de la región de Coquimbo iba a comenzar con una imagen modesta: poca cobertura, pocas voces, poca bulla.
La audiencia estaba fijada para las 8:30, pero ya corría el aviso de que se iba a retrasar. Nicolás Bakulic, uno de los siete imputados en el llamado Papaya Gate, tenía a esa misma hora otra formalización en paralelo, por usurpación de aguas, en la segunda sala.
Primero apareció Claudia Perivancich. Luego, uno a uno, los abogados defensores con sus clientes. Venidos en su mayoría de Santiago, se movían con la parsimonia de quien ya ha visto este teatro antes. Trajeados, sobrios, contenidos.
Poco después llegó Lucía Pinto. La ex intendenta ingresó al tribunal acompañada de su abogado, Samuel Donoso. No hubo corridas ni preguntas al paso. Nadie le puso un micrófono delante. Solo la ráfaga de una cámara retrató su entrada. Una escena seca, casi muda, para un caso que lleva años retumbando en titulares.
Se instalaron frente a la tercera sala, en el tercer piso del edificio, donde todo ocurriría. Esperaban sin mostrar apuro. Y es que el pasado lunes, en el Juzgado de Garantía de La Serena, se iniciaba la formalización de la ex intendenta de Coquimbo en el denominado caso «Papaya Gate».
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, junto al Consejo de Defensa del Estado, acusa a Pinto, al ex administrador regional José Cáceres y al empresario inmobiliario Pablo Bracchitta de delitos de fraude al fisco por la compra irregular de terrenos. Además, se imputan delitos tributarios a Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud.
A minutos de iniciar el proceso, los personajes ya estaban todos reunidos. Querellantes, fiscales, defensores: todos en su sitio, todos tranquilos. Los abogados —de renombre, curtidos en causas políticas— se mostraban imperturbables, como si aquello fuera solo una mañana más en tribunales.
Pero no todos llevaban el mismo aplomo. Lucía Pinto y su padre, Floridor, intentaban mantener la compostura, aunque pequeños gestos —miradas esquivas, manos inquietas— delataban el nerviosismo que apenas alcanzaban a disimular.
Ningún militante de la UDI acompañó a la ex intendenta, salvo su padre, viejo dirigente del partido en la región. En esa antesala judicial, el peso del apellido se sentía en el aire.
Finalmente dieron el aviso para pasar a la sala. Aún faltaba Bakulic, pero le quedaban pocos minutos para terminar su proceso. La prensa, por falta de espacio, debía mirar desde afuera. La audiencia estaba a punto de comenzar.
