Ministerio Público dio cuenta de una «investigación compleja» tras la adquisición de unos terrenos por casi diez mil millones de pesos, «con un entramado de sociedades» que intervienen «para rebajar artificialmente» su base imponible y, en definitiva, «pagar un impuesto mucho menor del que debían pagar», señaló la fiscal Claudia Perivancich.
Por René Martínez Rojas
Por tiempo, finalmente las cautelares se tendrían que definir hoy, en cuanto a la formalización del bullado Papaya Gate, que investiga un presunto fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo, tras la adquisición de unos terrenos por casi diez mil millones de pesos para la construcción de un recinto deportivo, cuando la tasación original del espacio ubicado en San Ramón, en La Serena, era de cuatro mil millones.
En principio, lo que ayer se comunicó fueron los cargos respecto de la investigación en contra de la exintendenta Lucía Pinto, en contra de quien fuera su jefe de División de Planificación, Jorge Cáceres, y en contra de Pablo Bracchitta, gerente de las empresas, «que son en definitiva las vendedoras de este conjunto de lotes que adquiere el Gobierno Regional», aseveró la fiscal a cargo del caso Claudia Perivancich.
Las medidas cautelares requeridas por el Ministerio Público respecto de los imputados por el delito de fraude al fisco son de arresto domiciliario nocturno y arraigo.
Y por otra vertiente «estamos imputando la Comisión de Delitos Tributarios respecto de los representantes de las sociedades vendedoras (Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud y Luis Iver como cómplice), donde hay un entramado de sociedades que intervienen en una serie de conductas que realizan para rebajar artificialmente su base imponible y, en definitiva, pagar un impuesto a la renta mucho menor del que debían pagar a propósito de esta transacción que realizan con el Gobierno Regional».
En este caso, las medidas que se discutirán hoy son de arraigo y firma mensual en Fiscalía, aunque Nicolas Bakulic pidió permiso para salir del país desde el 28 de este mes hasta el 30 de junio con una fianza de retorno de diez millones de pesos.
Medida cautelar distinta
Por lo montos defraudados se esperaba que, en el caso del Ministerio Público, se pidiera la prisión preventiva. Sin embargo, explicó Perivancich que como Fiscalía desarrollan no solo un análisis objetivo de los antecedentes de la investigación, sino también, y, en primer lugar, «desde el tiempo en que tuvieron lugar los hechos y el tiempo que ha demorado esta investigación, donde hemos contado con los imputados para las diligencias que han sido necesarias, por cuanto no han tenido una conducta de restarse de la investigación penal. Entonces hacemos un análisis objetivo de aquello, de las penas que se arriesgan respecto de cada uno de estos delitos, más allá de que haya algunas que pudieran llegar a la comunidad de los ciudadanos».
Casi seis años se demoró en formalizar porque básicamente es una «investigación compleja» y por eso es necesario «acreditar ante el tribunal una serie de elementos que dan cuenta no solo de la transacción que en sí misma llama la atención por los montos involucrados, sino que es necesario dar cuenta de que hay efectivamente conductas dolosas de las personas que tienen el control de la situación y por otro lado, requerimos de informes técnicos que nos digan que efectivamente estamos ante un precio exorbitante, que no era el que debía pagarse por la adquisición de esos lotes».
Fundamentó, no obstante, «que con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva podamos tener un plazo de investigación que nos permita a nosotros como a los demás intervinientes, querellantes y defensas, contar con el tiempo necesario para ir redondeando la investigación para en definitiva poder cerrarla en un tiempo razonable».
Sobreprecio injustificado
Quienes también argumentaron fueron los dos abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado, quienes pidieron la cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, cuya petición se basa «en que los imputados por el fraude al fisco constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la pena probable, que es de presidio mayor en su grado mínimo, de cinco años y un día. Y el Código Procesal Penal da una orientación de entender que desde esa pena efectivamente puede proceder la prisión preventiva», sostiene el abogado Javier Rojas, coordinador penal de la Procuraduría de Valparaíso.
Para el CDE la teoría del caso «es que siempre hubo la determinación a pagar un sobreprecio injustificado, en razón de que los imputados tenían noticias de que el precio era mucho menor a lo que en definitiva se pagó. Es decir, en 2019 existían tasaciones que daban cuenta de que el precio por el total del inmueble no excedía de los 4.000 millones de pesos, siendo que en definitiva se pagaron casi los 10.000 millones».
