A días de resolverse el calendario para la implementación del nuevo modelo educativo en la provincia, Pedro Esparza, responsable del organismo, admite las dificultades administrativas que deja el sistema actual —como la abultada deuda previsional en La Serena—, pero apuesta por avanzar con responsabilidad.
Por Joaquín López B.
¿Cuál es su postura frente a la municipalización de la educación?
Yo diría que, lamentablemente, el balance de la municipalización es negativo. De partida, fue un proceso inconsulto, implementado en dictadura, en los años 80, en una época en que no se preguntaba mucho ni se analizaban a fondo las decisiones.
Después, desde los años 90 en adelante, con los gobiernos de la Concertación y otros, hubo intentos reales por mejorar la educación pública en manos de los municipios. No solo de palabra, sino también con recursos importantes: la Subvención Escolar Preferencial, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), fondos orientados especialmente a estudiantes vulnerables.
El problema fue que, pese a esos esfuerzos, siempre chocábamos con una mala administración de los recursos. Salvo honrosas excepciones, la gestión fue deficiente. El FAEP muchas veces se usó solo para pagar deudas acumuladas por los mismos municipios.
¿Y qué impacto tiene eso en la educación pública, en términos de gestión local?
Un alcalde, legítimamente, puede tener otras prioridades: turismo, fomento productivo, salud. Y si considera que la educación no es prioridad, esta queda en un segundo plano. Esa fragilidad ha sido muy perjudicial.
Usted mencionó las deficiencias de la gestión municipal, pero aquí mismo en la región también ha habido problemas serios, como en el SLEP Puerto Cordillera. ¿Cómo evalúa eso?
Efectivamente, la situación de Puerto Cordillera ha sido compleja. Lo he conversado con docentes y asistentes. He sido enfático, esta crisis no es por falta de recursos, como sí pasa en La Serena, por ejemplo. Aquí hubo una muy mala gestión interna, especialmente en áreas clave como remuneraciones y gestión de personas.
Pero ya se nombró una nueva directora y esperamos que eso permita reordenar. Aun con esas dificultades administrativas, Puerto Cordillera ha logrado avances académicos importantes, lo que habla muy bien del trabajo técnico-pedagógico que se ha sostenido en el tiempo.
La educación no cambia de un día para otro. Pero después de tres, cuatro o cinco años, los resultados comienzan a aparecer. Y el último SIMCE lo ha demostrado, no solo en Puerto Cordillera, sino en varios servicios locales.
Y en el caso de ustedes, ¿cómo proyectan el traspaso del sistema municipal al SLEP Elqui?
Sabemos que la herencia es complicada, especialmente en la Corporación Gabriel González Videla de La Serena, hay una deuda previsional enorme, un déficit operativo significativo. Eso nos obliga a un proceso de ordenamiento, de racionalización de recursos.
Lo positivo es que hemos ido armando equipos competentes, con experiencia, y que debieran permitirnos enfrentar bien el traspaso. Ya sea que ocurra el 1 de julio o el 1 de enero, que son las fechas en la mesa que están por definirse durante esta semana.
¿Qué opinión tiene del proceso de desmunicipalización en sí?
Creo que es absolutamente necesario. Como decía, por más aportes económicos que se hicieron, los municipios no lograron resolver sus problemas. Según datos de la Superintendencia de Educación, desde 2018 hasta ahora, ha aumentado el número de municipios en situación crítica como sostenedores educativos.
El riesgo de no hacer nada es que la educación pública desaparezca o quede reducida a su mínima expresión, como ocurre ya en algunas comunas. Eso sería una anomalía a nivel mundial. En países de la OCDE, como Estados Unidos o Inglaterra, la educación pública representa el 85% o más. Acá estamos cerca del 35%, y en algunas comunas, menos. Por eso este cambio es urgente.
¿Y cómo impacta eso a comunas más pequeñas, como La Higuera o Paihuano?
Son comunas con realidades geográficas complejas, donde solo el transporte escolar consume gran parte del presupuesto. Es muy difícil que esos municipios puedan sostener un equipo técnico robusto.
En cambio, el SLEP Elqui contará con cinco subdirecciones: técnico-pedagógica, administración y finanzas, gestión de personas, planificación e infraestructura. Con equipos técnicos capacitados que podrán desplegarse en el territorio, algo que para un municipio pequeño simplemente es imposible.
Hablemos del tema de la deuda de la Corporación Municipal de La Serena. ¿Manejan cifras concretas?
Sí. Solo la deuda previsional de educación asciende a unos 30 mil millones de pesos, según un informe financiero de octubre del año pasado. Y ese monto sigue creciendo por intereses. Es una deuda inédita, nunca antes un traspaso se había enfrentado a una situación previsional tan grave.
Ahora, sobre si es justo que el Estado se haga cargo: la normativa establece que si hay deudas al momento del traspaso, el Ministerio de Educación, con respaldo de la Dirección de Presupuestos, debe cubrirlas. Pero luego el fisco descuenta esos montos al municipio desde el Fondo Común Municipal.
Ya hay un cálculo preliminar: sería un descuento a 15 años. Es imposible hacerlo de golpe. Por eso estamos impulsando una mesa de trabajo con el Ministerio, la Corporación, representantes gremiales y el SLEP, aunque legalmente no estamos obligados. Pero sentimos una responsabilidad moral con nuestros funcionarios, docentes y asistentes.