Informe de la comisión investigadora del Papaya Gate no es vinculante: «Es un llamado ético a los actores relevantes del caso»

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El martes, la comisión investigadora por el caso del Papaya Gate, en donde se indagan presuntas responsabilidades de la ex intendenta Lucía Pinto y otros altos cargo del gobierno regional, aprobó las conclusiones que se emanaron de la instancia, que si bien no son vinculantes, sí son un fuerte llamado de atención para los distintos organismos que llevan la causa penal, como la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. El diputado Daniel Núñez, quien presidió la comisión, anunció que hará una querella para sumarse a la investigación y que el caso pueda prosperar.

En abril de este año se dio inicio a la comisión investigadora del mediático caso Papaya Gate, que surgiera luego que el Ministerio Público, por indicación de la Contraloría, iniciara diligencias para esclarecer el presunto delito de fraude al fisco, luego que la ex intendenta Lucía Pinto (militante UDI) y ex funcionarios del gobierno regional, adquirieran un terreno de 61 mil metros cuadrados por $ 9.800 millones a una empresa inmobiliaria, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones y los intentos previos de compra habían sido rechazados por el ente contralor.

Instancia que ya terminó luego del trabajo de cinco meses, al respecto, el diputado Daniel Núñez, quien presidió la comisión, señala que «el balance es que cumplimos con los objetivos que nos habíamos trazado, logramos llegar claramente a identificar el fraude al fisco que se logró con esta operación inmobiliaria fraudulenta y también a los responsables políticos».

«Ahora, uno siempre piensa que la idea es haber llegado a conocer toda la verdad, pero creo que lo que estamos conociendo es la punta del iceberg, el hecho que Lucía Pinto, José Cáceres y los dueños de las inmobiliarias se negaran a ir a declarar a la comisión nos impidió llegar a conocer toda la verdad».

Tarea que a juicio del parlamentario ahora la tiene la justicia, y respecto al hecho que no hayan asistido, comenta que «lo que uno ve aquí es que el silencio de Lucía Pinto, de José Cáceres, de Pablo Bracchitta, gerente de la inmobiliaria Guayacán, demuestra su absoluta responsabilidad en este fraude al fisco, y en ese sentido es un precedente claro y una señal de culpabilidad, así lo interpreto yo».

En la última sesión no hubo diputados de Chile Vamos, en donde Núñez sostiene que «me parece que la ausencia de Sergio Gahona y Juan Manuel Fuenzalida, que son de la UDI, el mismo partido de Lucía Pinto, que además a la fecha no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra ella, manifiestan un aval institucional de la UDI a la corrupción, en este caso los actos de Lucía Pinto».

«Es gravísimo y un pésimo precedente lo que está ocurriendo, y francamente creo que acá hay un involucramiento institucional en este caso de corrupción, porque no se atreven ni a cuestionar ni tampoco tomar medidas contra la ex intendenta, tal vez si ella habla sepamos una parte importante de la verdad de este caso que todavía no ha sido develado. Creo que la UDI está metida a fondo en este caso de corrupción y me parece grave que un partido político que tuvo la intendencia, que tiene Cores, diputados, aspirantes al Senado, avale la corrupción, es algo inaceptable en democracia», agrega.
A pocas semanas que se cumpla un año desde que explotara el caso, poco se ha sabido de la Fiscalía, motivo por el cual Núñez señala que «uno siempre cuestiona el rol de los organismos públicos, pero aquí la Contraloría ha actuado en forma impecable, tanto a nivel regional en donde en contralor regional tuvo la valentía de destapar este caso, pese a todos los ataques y cuestionamientos que sufrió».

«Lo mismo el Consejo de Defensa del Estado, que presentó una querella, por lo tanto, la institucionalidad está actuando, pero el organismo que tiene más poder para actuar, es decir el persecutor, que tiene la tarea de meter presos a quienes cometen los delitos, que es la Fiscalía, lo está haciendo muy lentamente, y en mi opinión poco exhaustiva y prolija».

Puntualiza en que «acá saltan las sospechas, porque en otros casos de delitos que afectan a gente poderosa, tampoco la Fiscalía actúa en forma nítida, y eso se le ha cuestionado a fiscal nacional Jorge Abbott por el caso de financiamiento de la política en el caso SQM, las condenas simbólicas en el caso Penta, por lo que es muy importante que la Fiscalía actúe y que tengamos formalizados pronto».

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