Un fondo público destinado a impulsar a los pirquineros de Canela terminó envuelto en un escándalo por cobros irregulares que paralizaron un proyecto clave para la comunidad. Cinco años después, la procesadora sigue sin funcionar y las consecuencias golpean a los pequeños mineros que solo buscaban avanzar.
A fines de 2019, los pequeños mineros de Canela soñaban con dar un paso decisivo, poner en marcha su propia planta procesadora, un hito largamente esperado para dejar de vender a terceros y comenzar a capturar parte del valor de su trabajo. El Sindicato de Pirquineros Nueva Esperanza recibió entonces $115 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), autorizados por la Seremi de Minería, para mejorar esa instalación.
Cinco años después, la planta no opera, el sindicato está inhabilitado para recibir recursos públicos y los vales vista entregados para pagar a la empresa constructora fueron cobrados —cuatro de ellos, por $72 millones— en la cuenta personal de un funcionario honorario de la propia Seremi, según los antecedentes que están siendo investigados.
La actual titular regional de Minería, Constanza Espinosa, habla sin rodeos: «Cuando llegamos a la seremía en marzo de 2022, nos encontramos con una serie de irregularidades al interior. Entre ellas, este cobro irregular de vales vista, que impedía presentar las rendiciones. Teníamos rendiciones pendientes desde fines de 2019. Y esto ocurrió porque un funcionario de confianza del seremi anterior les pidió a los mineros que le entregaran los vales, con la promesa de que él mismo pagaría a la empresa».
Ese funcionario es Patricio Bolvarán, contratado como honorario por la repartición durante la gestión del exseremi Roberto Vega. Según explicó Espinosa, el contexto de vulnerabilidad de los mineros influyó en la situación. «Muchos de ellos son analfabetos o tienen baja escolaridad, y confiaron. Firmaron la recepción de esos vales —que por razones que se investigan fueron emitidos como endosables— y esta persona habría cobrado esos vales, aunque no se depositaron a la empresa, sino en su cuenta personal. Esto es materia de investigación».
Los antecedentes indican que Vega tomó conocimiento del caso en septiembre de 2020. La denuncia formal fue presentada casi un año después, bajo la figura de «usurpación de funciones», sin incluir otras calificaciones penales como apropiación indebida o estafa.
«Y más allá de la responsabilidad directa de ese funcionario, lo cierto es que el exseremi mantuvo a esta persona contratada durante todo 2020, a pesar de que ya había reportes sobre cobros irregulares desde enero y de que el sindicato informó lo ocurrido. Hay correos electrónicos, hay actas de reuniones. No se levantaron las alertas. No se actuó», dijo la actual representante regional.
Consultada por qué no se tomaron medidas en ese momento, Espinosa responde: «Eso tendría que responderlo Roberto Vega. Yo no puedo hablar por él. Lo concreto es que esta persona trabajó hasta diciembre de 2020, cuando finalizó su contrato. Y durante ese periodo, según consta en reuniones y correos electrónicos, ya se había informado de esta situación».
