El Tribunal de alzada acogió recursos y permitió la participación de los políticos en la causa por fraude al fisco, negociación incompatible y delitos tributarios que involucra a la exintendenta Lucía Pinto y otros imputados.
Por Joaquín López Barraza
El senador Daniel Núñez y el concejal Camilo Araya podrán continuar como querellantes en el caso conocido como Papaya Gate, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena acogiera los recursos que presentaron tras ser excluidos por el Juzgado de Garantía.
La resolución del tribunal de alzada fue unánime. En ella se descarta que su presencia afecte las garantías del debido proceso, como había argumentado la defensa de los imputados. Por el contrario, se reconoce que los delitos investigados —fraude al fisco, negociación incompatible y delitos tributarios— afectan la probidad pública, y por tanto cualquier persona domiciliada en la provincia puede intervenir como querellante.
«Ambos querellantes tienen esa calidad y no existía razón para excluirlos, en circunstancias de que sus querellas ya habían sido admitidas a tramitación», explicó el ministro Iván Corona. Añadió que el tribunal también tuvo en cuenta «el derecho de quienes aparecen como víctimas o afectados por los delitos», y que la participación de Núñez y Araya no pone en riesgo la igualdad de armas del proceso.
Para el senador Núñez, el fallo reafirma el derecho de los ciudadanos a participar activamente en causas de corrupción. «La corrupción es el cáncer de la democracia chilena y por eso es tan importante combatirla en forma implacable. Valoro enormemente el fallo de la Corte, que me ha reincorporado como querellante en el caso Papaya Gate, ya que es evidente que aquí se usaron recursos del Gobierno Regional pagando un sobreprecio por terrenos que tenían un valor mucho menor», señaló.
El parlamentario también apuntó a un posible beneficio para privados: «Genera una red de corrupción donde se beneficia a determinadas inmobiliarias. Estar presente asegura poder ser dinámico, pedir diligencias y efectivamente hacerme parte de esta lucha tan importante para que no haya impunidad».
Desde el ámbito local, el concejal Camilo Araya valoró la decisión del tribunal, calificándola como un respaldo al control ciudadano. «Este fallo reafirma principios esenciales del Estado de Derecho, como la transparencia, el acceso a la justicia y el derecho a ejercer control sobre el uso de recursos públicos», señaló.
En su opinión, la resolución sienta un precedente respecto al rol de representantes electos en este tipo de causas: «La defensa del interés público no puede entenderse como un monopolio exclusivo de instituciones como el Consejo de Defensa del Estado o el Servicio de Impuestos Internos. También debe incluir a actores comprometidos con el interés general». Añadió que el dictamen «le devuelve a la ciudadanía su derecho a saber la verdad», y que, a su juicio, con esta resolución «gana la justicia, la transparencia y la ciudadanía».
Desde la representación legal del senador Núñez, el abogado Luis Acevedo valoró el fallo e hizo énfasis en uno de sus fundamentos. «El tribunal señala que en delitos contra la probidad, cualquier persona domiciliada en el lugar del juicio puede presentar una querella. No se trata de una facultad exclusiva de las instituciones, y eso es un criterio relevante», explicó.
El jurista también se refirió a los cuestionamientos planteados por las defensas de los imputados. «La participación de querellantes no impide el ejercicio de los derechos de defensa ni afecta la igualdad de armas en el proceso. La normativa permite la coexistencia de distintos intervinientes, siempre que actúen dentro del marco legal», sostuvo.
El caso involucra a la exintendenta Lucía Pinto y a otros siete imputados por presuntas irregularidades en la compra de terrenos financiados con recursos públicos. El Ministerio Público investiga si existieron pagos con sobreprecio y posibles vínculos con intereses privados.
La decisión de la Corte marca un precedente sobre la legitimidad de actores locales para intervenir en causas por delitos contra la probidad. Mientras avanza la investigación fiscal, el caso Papaya Gate continúa instalado como uno de los procesos más emblemáticos por presunta corrupción en la región de Coquimbo.
