Un informe de Contraloría detectó pagos improcedentes entre enero y septiembre de 2024. La CORE del Frente Amplio acusa falta de notificación por parte del recinto asistencial y llama a iniciar un sumario para esclarecer responsabilidades administrativas.
Por Joaquín López Barraza
La Contraloría General de la República instruyó al Hospital San Pablo de Coquimbo el reintegro de $10.466.208 por concepto de horas no trabajadas por la consejera regional Ximena Ampuero García, militante del Frente Amplio, quien también figura como funcionaria a contrata del establecimiento. El órgano fiscalizador detectó que entre enero y septiembre de 2024 no existen registros de funciones asignadas ni de asistencia por parte de la autoridad, pese a que se le pagó su remuneración mensual completa.
El caso fue expuesto en el Informe Final N°968, en el marco de una auditoría realizada al Gobierno Regional de Coquimbo, que analizó la situación funcionaria de los 17 CORE en ejercicio durante el año pasado. Ampuero fue la única que, además de su rol político, mantenía un vínculo laboral con el Estado sujeto a jornada semanal.
Según el documento, la funcionaria solicitó semanalmente 12 horas de permiso para ejercer como consejera regional, tal como lo establece el artículo 39 bis de la Ley N°19.175, y 32 horas como dirigente gremial, las que fueron aprobadas sin respaldo suficiente por parte del hospital. En total, el recinto le autorizó 44 horas a la semana, sin asignarle funciones específicas ni exigir compensación por las horas utilizadas en su rol político, lo que derivó en pagos improcedentes. La Contraloría otorgó un plazo de 30 días hábiles para el reintegro de los fondos y ordenó instruir un sumario administrativo.
Consultada por este medio, Ximena Ampuero responsabilizó al hospital por no haber iniciado el procedimiento administrativo correspondiente. «Yo me entero de este diagnóstico que hizo Contraloría el día lunes. Ese mismo día me llaman desde el hospital y hoy tuve la conversación con el director de Recursos Humanos para que me puedan notificar frente a este acontecimiento», explicó.
Según la consejera, desde el inicio de su periodo ha entregado mensualmente certificados que acreditan sus funciones como CORE y dirigente. «Yo entregaba mis certificados de comisiones y sesiones. Ellos sabían desde el momento uno que tenía este permiso, pero nunca me avisaron que había que compensar esas horas, ni me notificaron nada».
Ampuero afirma que, de haber sido informada, habría regularizado la situación. «Imagínate la detonación de que estoy robándole 10 millones al hospital, siendo que ustedes nunca me notificaron ni me explicaron los procesos. Me pidieron disculpas, vamos a hacer el proceso, pero también el hospital debe iniciar el sumario y tomar las medidas que correspondan frente a un acto administrativo que nunca realizaron», señaló.
La consejera indicó que no apelará al dictamen de Contraloría y que está dispuesta a devolver la totalidad del monto, aunque reconoce que el desembolso será complejo. «Es un poco difícil tener 10 millones más, pero sí o sí hay que resolver. Espero que desde ahora el hospital me pueda notificar para hacer los descuentos que correspondan, como debieron hacerlo desde el principio», añadió.
Ampuero insiste en que su caso es excepcional dentro del Consejo Regional, por su doble condición de dirigente gremial y autoridad electa. «No existe un precedente de otro CORE que esté en esta misma situación. Yo no tenía idea de esto. Nunca me explicaron. El hospital dejó estar, y ahora hay que solucionarlo».
La Contraloría advirtió que si el reintegro no se concreta dentro del plazo, se procederá a un examen de cuentas. Además, el informe señala que no existe documentación que respalde la calidad de excusa gremial completa de la funcionaria, lo que agrava la falta de control interno por parte del recinto hospitalario.
