Correos electrónicos, informes jurídicos y resoluciones internas prueban que la Corporación Municipal fue alertada de las exhumaciones sin consentimiento, falencias sanitarias y procedimientos irregulares en el cementerio. Pese a ello, altos mandos evitaron cerrar el proceso e impidieron aplicar sanciones, según consta en los antecedentes entregados por la exprocuradora Pamela Castillo.
En diciembre de 2021, un correo electrónico de la procuradora administrativa Pamela Castillo advirtió a la jefatura jurídica de la Corporación Municipal Gabriel González Videla que una investigación interna por exhumaciones irregulares en el Cementerio de Las Compañías —iniciada casi dos años antes— seguía sin resolución, pese a que ya existía una vista fiscal interna elaborada por Jenny Concha Casanova, encargada de Auditoría Interna de la entidad y designada como fiscal del procedimiento administrativo.
La investigación había sido iniciada formalmente mediante la Resolución N°8 del 17 de febrero de 2020, y designó como fiscal del procedimiento administrativo a Jenny Concha Casanova, ingeniera en administración de empresas y encargada de Auditoría Interna de la Corporación Municipal Gabriel González Videla desde 2013. Fue ella quien elaboró la vista fiscal que propuso sanciones y detectó graves irregularidades en el funcionamiento del cementerio.
La vista fiscal que nadie quiso firmar
En su correo del 6 de diciembre, Castillo informa que el expediente no tenía formulación de cargos, pero que sí existía una vista fiscal detallada, con entrevistas, revisión documental y hallazgos críticos. «No es posible el sobreseimiento para ninguna de las personas a las que se propone sancionar», advierte en su análisis jurídico.
Entre los hallazgos que señala la vista fiscal se incluyen:
– «El cementerio no contaba con autorización sanitaria del Servicio de Salud».
– «Las bolsas de reducción de restos se entregaban si- «No existían procedimientos operativos escritos ni protocolos actualizados».
– «Se autorizaban vacaciones y contrataciones sin análisis técnico ni supervisión».
«El cementerio carece de supervisión operativa competente. Se destinó a un estudiante en práctica como reemplazo de una funcionaria administrativa sin acompañamiento», concluye uno de los documentos. Todo esto fue redactado y enviado a la jefatura jurídica, pero nunca se emitió la resolución final.
El riesgo de no cerrar el proceso
Castillo advirtió que, sin resolución final, tampoco podían aplicarse las medidas paliativas que la fiscal propuso para las familias afectadas. Peor aún, esa omisión podría ser perjudicial en futuros juicios, ya que «es común que los familiares soliciten la exhibición de documentos y el expediente administrativo completo».
En paralelo, también alertó que había antecedentes previos de irregularidades similares. En los archivos encontró transacciones extrajudiciales firmadas en 2019 por la CGGV con familias que habían sufrido exhumaciones sin consentimiento, a cambio de beneficios como sepulturas vitalicias o lápidas de mármol. Castillo, señala que hoy resulta clave y de suma relevancia investigar si los familiares que firmaron dichas transacciones comprendían el alcance legal de lo que firmaron, en especial sobre la renuncia de acciones penales.
La propuesta de sumario bloqueada
A la luz de la gravedad de los antecedentes, Pamela Castillo redactó una resolución proponiendo un sumario administrativo contra los directivos a cargo del cementerio, incluyendo al entonces director Pablo Salazar, al coordinador Hernán Guerra y a la administradora Rosetta Valdés.
La resolución fue visada con timbre oficial del Departamento Jurídico, y está incluida en la causa laboral. Sin embargo, tras presentarla, fue llamada a una reunión privada donde le pidieron eliminar los hallazgos que comprometían a los altos mandos y reescribir la resolución, enfocando la responsabilidad únicamente en los operadores.
A pesar de esto, conforme lo señala la misma Corporación en la contestación de la demanda, Jenny Concha sí accedió finalmente a modificar la vista fiscal o «actualizar» como ella lo señala y sacar parte de la formulación de cargos a solicitud de la coordinadora del departamento jurídico.
Castillo se negó a realizar esa modificación, calificándola como improcedente e ilegal. Posteriormente, envió una carta de denuncia al Secretario General de la corporación, Ernesto Velasco, en la que adjuntó todos los antecedentes, incluidos pantallazos, correos y registros internos. La respuesta institucional fue iniciar una investigación sobre ella misma y desvincularla de la corporación.
Responsabilidad institucional omitida
Los documentos revelan que la CGGV conocía los hechos, contaba con un informe técnico detallado, y aun así no ejecutó ninguna de las sanciones propuestas, ni comunicó a las familias afectadas los hallazgos de la investigación. Además, omitió informar al Ministerio Público o a entidades fiscalizadoras, pese a los resultados de ADN que confirmaban restos cambiados y cuerpos desaparecidos.
El proceso interno terminó siendo utilizado como argumento para desacreditar a quien lo denunció. La falta de medidas disciplinarias no solo dejó sin justicia a las familias, sino que expuso a la corporación a un daño institucional más grave, al quedar registrado que no se actuó pese a las evidencias.