La escasez de insumos se arrastra desde hace meses por deudas de la Corporación Gabriel González Videla. Para enfrentar el problema, se impulsa un proyecto que busca que el Departamento de Salud dependa directamente del municipio.
La falta de medicamentos en los centros de atención primaria de La Serena no es nueva, pero tampoco ha sido resuelta. El desabastecimiento, que afecta de forma especial a usuarios de programas de salud mental, persiste desde hace meses debido a las deudas acumuladas por la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), entidad que administra actualmente el Departamento de Salud.
En la última sesión del Concejo Municipal, este miércoles, la concejala Luisa Jinete, presidenta de la Comisión de Salud, advirtió que la situación continúa siendo crítica. «Hoy tenemos bastantes problemas de salud, y graves, porque nos vamos a quedar la otra semana sin medicamentos. Hay insumos que no están llegando porque no hay oferentes dispuestos a participar en las licitaciones, ya que se les debe dinero desde hace años».
El dirigente regional de la Confusam, Carlos Fuster, respaldó esa afirmación. «Hay proveedores que ganan licitaciones, pero luego detienen los envíos porque tienen deudas pendientes con la corporación. En el caso de salud mental, por ejemplo, los fármacos llegan a menor cantidad y no alcanzan para cubrir el mes completo. Eso es complejo para el tratamiento de los pacientes».
Para sortear el desabastecimiento, el municipio ha intentado hacer compras de emergencia, pero estas no permiten adquirir grandes volúmenes. Además, la concejala Jinete indicó que, ante la gravedad del escenario, el Servicio de Salud Coquimbo ha colaborado con algunas adquisiciones, aunque no logra cubrir todos los requerimientos.
Una solución estructural
Frente a esta situación persistente, la Municipalidad de La Serena está trabajando en un proyecto que busca sacar al Departamento de Salud de la administración de la CGGV y traspasarlo a la Municipalidad. La medida permitiría realizar compras directamente, sin arrastrar las deudas que hoy bloquean la participación de proveedores.
«Este es un proyecto que requiere la aprobación de la Contraloría. La alcaldesa ya hizo las gestiones y está esperando ese pronunciamiento», detalló la concejala. Añadió que el traspaso se haría respetando la Ley 19.378 que regula la atención primaria y que el objetivo es no afectar a los funcionarios que actualmente trabajan bajo la corporación.
«La idea es entregar una salud digna, oportuna y como corresponde, tanto en el área urbana como rural y eso no es posible si seguimos en un sistema que está bloqueado por las deudas de una mala administración anterior», señaló Luisa subrayando que el funcionamiento de CESFAM, postas y estaciones médico-rurales continuará, pero que urge avanzar hacia una solución de fondo.
