La acción judicial fue presentada por la madre de Pinto, quien falleció tras dar a luz. Además, la familia se reunió con el senador Sergio Gahona para solicitar apoyo para que el proyecto que protege derechos en salud reproductiva lleve el nombre de la joven, cuyo caso ha visibilizado más de 30 denuncias similares en la zona.
Una tragedia íntima que se convirtió en una causa colectiva, eso representa hoy el caso de Fernanda Pinto, joven madre de 32 años que falleció en junio tras dar a luz en el Hospital de Illapel. Su familia, junto al equipo jurídico de Neglimed, busca que el Congreso renombre el proyecto de ley sobre violencia gineco-obstétrica como «Ley Fernanda».
Pero además de esta cruzada simbólica, el caso marcó un hito judicial, ya que, este jueves, la madre de Fernanda presentó ante el Juzgado de Garantía de Illapel la primera querella penal en Chile que invoca la violencia obstétrica como agravante, figura contemplada en la Ley Integral de Violencia Contra las Mujeres, promulgada en 2024.
Según la representante de la familia y abogada de Neglimed, Gabriela Calderón, «la ley está durmiendo en el Congreso y este caso ha despertado un movimiento. No es una historia aislada, es un patrón que hemos podido identificar, que traspasa generaciones y generaciones de negligencias y malos tratos».
Una ola de denuncias
Tras la difusión del caso, Calderón reveló que más de 30 mujeres se han contactado con su equipo para denunciar situaciones similares, ocurridas en el mismo recinto hospitalario. Algunas de estas denuncias ocurrieron hace más de 20 años.
«El dolor es permanente. Muchas no han hablado antes por vergüenza o miedo, porque tienen familiares que trabajan en el sistema público y también porque es el único hospital que tienen. Este caso destapó algo que era un secreto a voces en Illapel que hoy estamos descubriendo y es del terror».
Los testimonios incluyen desde maltratos verbales hasta secuelas físicas graves, como incontinencia urinaria causada por intervenciones deficientes. «En vez de recibir atención digna, muchas mujeres recibieron lesiones y silencio con el que han tenido que vivir por un error que se cometió. Eso tiene que cambiar».
Avances legislativos
El jueves en la noche, la familia se reunió en casa de Juan Pizarro, esposo de Fernanda, con el senador Sergio Gahona, miembro de la Comisión de Salud y matrón de profesión, para solicitar formalmente su apoyo para que el proyecto de ley que regula la violencia obstétrica lleve el nombre de Fernanda.
Durante el encuentro, se abordaron las falencias en la atención que recibió la joven, desde los controles de embarazo hasta la falta de seguimiento de sus patologías. También se expusieron dudas respecto a la eficacia de los anticonceptivos entregados por el consultorio, ya que Fernanda quedó embarazada pese a estar en tratamiento, así como muchos otros casos similares.
La voz de Juan: «No vamos a bajar los brazos»
Juan Pizarro, pareja de Fernanda y padre de sus hijos, aseguró que la posibilidad de renombrar la ley sería una forma de reparación simbólica. «Sería un poquito de alivio dentro de toda esta tragedia. La familia me dice que sería una forma de dejar el nombre de ella bien alto, y que no le vuelva a pasar a nadie más en la salud pública en Chile».
También criticó la calidad del informe de auditoría entregado por el hospital. «Durante reuniones online que tuvimos durante la mañana de hoy (ayer) reconocieron que faltó información, pero como familia estamos muy descontentos. Dijeron que harían sumarios y lo necesario para esclarecer el caso, pero eso no ha pasado».
Además, agregó que «no vamos a bajar los brazos. Yo tengo toda la fuerza para seguir adelante. Queremos justicia, que se esclarezca todo y que los culpables paguen. Y que la ley Fernanda llegue lo más alto posible».
Un proyecto que aún espera
La propuesta de renombrar el proyecto como «Ley Fernanda» apunta al Boletín N°/ 12.148-11, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. La iniciativa fue ingresada en 2018 y busca garantizar derechos en salud ginecológica, reproductiva y obstétrica, y sancionar la violencia gineco-obstétrica como una forma de violencia institucional.
