La iniciativa no distingue la gravedad de los delitos y podría beneficiar a criminales de lesa humanidad. «Como país no podemos abrirle la puerta a la impunidad», dijo el senador Daniel Núñez.
Por René Martínez Rojas
La discusión sobre el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad de edad avanzada o con enfermedades graves ha provocado debate entre parlamentarios de la región y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La iniciativa, respaldada por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, busca establecer que ciertos condenados, en particular adultos mayores o con condiciones médicas críticas, puedan cumplir su condena en sus domicilios bajo supervisión y con control telemático.
Sin embargo, esta propuesta no establece distinciones sobre la naturaleza o gravedad de los delitos por los cuales los individuos fueron condenados, un punto que ha provocado marcadas diferentes en el debate legislativo.
De hecho, la iniciativa que contó únicamente con el respaldo de parlamentarios del sector de la derecha superó su primera etapa legislativa en medio de una fuerte controversia.
Para el senador de Demócratas Matías Walker «acá hay que cumplir los tratados internacionales de derechos humanos que establece claramente que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables y, por lo tanto, tampoco podrían acceder a beneficios carcelarios. Yo soy partidario de hacer la excepción expresa».
Mientras que el senador del Partido Comunista Daniel Núñez lamentó que algunos senadores sigan con esta iniciativa, «pues como país no podemos abrir la puerta a la impunidad de los criminales de la dictadura. Pretender otorgar beneficios especiales a condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco es un retroceso inaceptable que ofende la memoria de las víctimas y vulnera los principios básicos de la justicia».
A su juicio, «la edad o la condición de salud nunca pueden ser excusa para relativizar crímenes de lesa humanidad, que por definición son imprescriptibles y deben cumplirse íntegramente».
Premiar la maldad
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, su presidenta Anita Merino fue enfática en advertir que «los delitos de lesa humanidad no prescriben, entonces por qué tendrían que cumplir condenas en sus casas. Además, todavía no han roto el pacto del silencio, no han dicho cuál es el destino final que le dieron a nuestros familiares».
Para ella y la agrupación que lidera, si es que en algún momento esta idea llega a ser ley, «es premiar toda la maldad que hicieron, pues que se vayan a sus casas de verdad que no tiene nombre y sería impune. Les construyeron una cárcel especial y que les den la libertad ahora de verdad que sería muy injusto y raya la impunidad».
Cuenta que en la agrupación existen personas que han estado 52 años buscando a sus hijos, esposos, padres «y también son ancianos y todavía no les entregan una respuesta. Nosotros podemos sufrir y ellos no, así que creemos que deben mantenerse en sus cárceles por un acto simplemente de justicia».
Argumenta que esta ley que está sacando la derecha «es aplicar la impunidad» y que piensen liberar «a los genocidas, a personas que no han tenido ni una gota de arrepentimiento por lo que hicieron, es inaceptable. Nunca han querido decir el destino final que les dieron a nuestros detenidos desaparecidos, ya que muchos fueron lanzados al mar, fueron torturados, y como premio les quieren conceder la libertad. Es una sensación de tristeza».
