Tras los alegatos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, dirigentes de La Higuera y sus representantes legales instaron a respetar el fallo del Tribunal Ambiental, advirtiendo que el retraso del proyecto afecta el empleo, la inversión y la estabilidad de la zona.
Con atención siguieron las organizaciones sociales y productivas de La Higuera los alegatos de este jueves en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se revisa el recurso interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ONGs capitalinas que buscan revertir el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta a favor del proyecto Dominga.
El dictamen judicial había ordenado la ejecución inmediata de la sentencia, sin nuevas dilaciones, pero la disputa volvió a abrirse con esta acción legal. La situación genera malestar en la comunidad, que acusa que se está utilizando a la comuna como campo de batalla político y jurídico.
«Llevamos más de una década esperando a Dominga. El proyecto ya está aprobado y vigente, pero siguen inventando excusas para retrasarlo. Lo que pedimos es simple, que se respete la decisión tomada y que empiece a generar empleos y beneficios para las familias de nuestra comuna», señaló Jorge Cabrera, vocero de la Federación de Pescadores de La Higuera Sur.
Una visión compartida por Flor Castillo, vicepresidenta de la Asociación Comunal, quien recalcó que «estamos cansados de que se siga usando a La Higuera como campo de batalla de ONGs y autoridades externas que nada saben de nuestra realidad. Queremos que se respete la institucionalidad y que Dominga comience a ejecutarse, porque es desarrollo real para nuestra gente».
En tanto, desde el sector económico, Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo local, sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para diversificar la economía: «Nuestra comuna necesita inversión, empleo y certezas. Dominga es una oportunidad no solo con minería, sino también para potenciar el comercio, el turismo y los servicios. No podemos seguir atrapados en la incertidumbre por presiones externas», apuntó.
La mirada desde los abogados
Los representantes legales de las organizaciones también hicieron un llamado a cerrar la controversia. Patricio Leyton, abogado de Andes Iron, afirmó que «estamos muy tranquilos con los alegatos y las argumentaciones que presentamos ante el tribunal. Los ministros entendieron nuestros puntos. Confiamos mucho en la justicia y en que se confirme la sentencia del Tribunal Ambiental para que finalmente podamos ejecutar el proyecto».
En la misma línea, Osvaldo Andrade, abogado de Fadechi, recalcó que la definición ya no puede seguir postergándose, asegurando que «si esto se resuelve como ya ha sido, ¿qué más hay que seguir esperando? Yo represento un sindicato que tiene 15.000 trabajadores, 3.700 de ellos viven en Coquimbo».
«A ellos se les está ofreciendo un empleo a nivel del mar, no en jornadas extenuantes como las que están acostumbrados. Son los artesanos del fierro, los faeneros, los del subcontrato. Ellos tienen derecho a una pega en que vayan en la mañana y vuelvan a su casa en la tarde. Eso les ofrece este proyecto».
Por su parte, Raúl Pelen, abogado de los Pescadores de la Zona Sur, manifestó que «esperamos que la sentencia del Tribunal Ambiental se confirme, que el proyecto continúe aprobado y que se inicien las obras lo antes posible, porque es algo que la comunidad espera desde hace muchos años».
