El Consejo para la Transparencia (CPLT) entregó los resultados de una nueva fiscalización extraordinaria realizada con el objeto de caracterizar la recaudación y el destino de los aportes entregados a las municipalidades a través de los fondos transitorios de Royalty Minero correspondientes a 2024 y una muestra de 2025.
Específicamente, se evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial (denominados “Fondos Puente”), de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y especialmente en la Ley N°21.591 que establece el deber de las municipalidades de reportar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) sobre el uso de los recursos que provienen de este impuesto específico a la minería. Asimismo, la Ley de Presupuestos 2024 estableció la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa estos reportes, lo que no se mantuvo en la Ley de Presupuestos 2025, dificultando así la posibilidad de controlar la inversión de estos recursos.
La metodología empleada por el CPLT para el período 2024, fue la revisión masiva de los portales de transparencia activa de todas las municipalidades, así como la realización de solicitudes de acceso a la información a la SUBDERE y a una muestra que consideró los 20 municipios con mayor incremento proporcional en sus presupuestos como consecuencia de la recepción de estos fondos. Para el período 2025, en que la publicación de transparencia activa dejó de ser obligatoria para las municipalidades, se revisaron los sitios de transparencia activa de esta muestra de 20 municipios para ver si realizaban publicaciones voluntarias de la rendición de estos fondos.
Dentro de los principales hallazgos de la investigación en la Región de Coquimbo, se evidencia que, para el período 2024, una serie de municipalidades de la región beneficiarias de los Fondos Puente no cumplió plenamente con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos, ya sea porque no publicó información, o lo hizo de manera incompleta o no subió la información en el ítem correspondiente. A saber, presentan infracciones las municipalidades de Canela, Combarbalá, La Higuera, Ovalle, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.
Otro hallazgo en el mismo período (2024), fue que Andacollo, Punitaqui, Combarbalá, Canela e Illapel estuvieron dentro de las 20 municipalidades a nivel nacional que presentan un mayor incremento -en proporción- en su presupuesto por la entrega de Fondos Puente, por lo que formaron parte de la muestra de municipalidades a las que se dirigió una solicitud de acceso a información.
En lo específico, a Andacollo se le requirió información general, puesto que en la información proporcionada a SUBDERE aparecía como “sin gasto” de los fondos provenientes del Royalty. En la respuesta, se informó que se efectuó un pago por una “subvención para el desarrollo de inversión y plan de manejo pequeños mineros” por $40.000.000.
A Punitaqui, se le requirió precisar sobre los gastos efectuados por estudios e investigaciones, a lo que el organismo indicó que no ejecutó gastos por esa materia.
Por su parte, a Combarbalá se le solicitó precisar sobre los recursos provenientes del Royalty gastados en servicios de producción y desarrollo de eventos. Ante esta solicitud, la municipalidad respondió, fuera del plazo legal y de forma parcial, que se efectuaron gastos para presentaciones artísticas musicales y culturales para celebración de aniversario, festivales o similares.
En cuanto a Canela e Illapel, se le requirió precisar sobre los gastos efectuados por asistencia o ayudas sociales. Canela respondió con información sobre aportes económicos por gastos médicos, fúnebres, de alojamiento y alimentación y en materiales de construcción. En cambio, Illapel cometió la infracción de no contestar la solicitud de información.
Por otra parte, dentro de los 10 mayores gastos de recursos provenientes del Royalty reportados en 2024 (individualmente considerados), se encuentra dos municipalidades de la Región de Coquimbo: Ovalle, en el sexto lugar, que reporta gastos por $489 millones en mantención de jardines con cargo al Fondo de Equidad Territorial; y Salamanca, que ocupa el noveno lugar e informa haber gastado $443 millones en pago de remuneraciones de funcionarios a honorarios con cargo al Fondo de Comunas Mineras.
Respecto de 2025, en que publicar los reportes de uso de estos recursos era voluntario, la municipalidad de Combarbalá no publicó información al respecto y la de Canela lo hizo en una sección distinta a la que corresponde según la normativa aplicable. Por su parte, Punitaqui presentó información para este período.
La presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que: “la Ley N°21.591 que estableció el Royalty y la demás normativa aplicable deja bastante espacio para la discrecionalidad de los gobiernos locales en el uso de estos recursos. Si a esto se le suma que la Ley de Presupuestos 2025 no mantiene la obligación de las municipalidades de publicar en transparencia activa los reportes de uso que deben enviar a la SUBDERE, hay una doble debilidad institucional. Por eso, el llamado es, por una parte, a las municipalidades a ponerse al día para que la ciudadanía pueda ejercer el debido control social, y, por el otro, a los legisladores a que revisen las limitaciones al uso de los recursos y las obligaciones de transparencia aplicables”.
Complementariamente, el CPLT recordó que, a nivel nacional, un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puentes no cumplió cabalmente con publicar en transparencia activa los reportes de uso de estos recursos.