Las declaraciones del secretario general de la Corporación Municipal Gabriel González Videla (CGGV), Nilo Lucero, durante el consejo comunal del pasado miércoles, generaron tensión y dudas entre los concejales. El funcionario aseguró que, en medio de un proceso de revisión, habría encontrado una caja con cheques girados que nunca llegaron a sus destinatarios, por un monto cercano a los 2 mil millones de pesos.
Por Joaquín López Barraza
El anuncio encendió alarmas dentro del cuerpo colegiado, donde algunos ediles cuestionaron la forma en que se entregó la información y la falta de respaldo concreto. El concejal Cristian Marín señaló que la manera en que se presentó el hallazgo abrió más incertidumbres que certezas. «Durante el consejo recibí algunos mensajes anónimos de funcionarios, bastante molestos con esa situación, porque señalan que eso está ordenado, que no era de esa manera», afirmó.
Para Marín, la dificultad radica en que el tema no fue acompañado de pruebas visibles: «Es complejo emitir un juicio cuando solo estás escuchando y no viendo. A mí no me consta que eso haya sido de esa forma. Más allá del fondo, que es un tema totalmente cuestionable y repudiable, lo que tenemos es una deuda exacerbada».
En la misma línea, la concejala Rayén Pojomovsky planteó reparos a la manera en que se socializó la información. «El secretario general nos entrega antecedentes que, por supuesto, son llamativos. Pero dice que había documentos en una bodega, dentro de una caja, que son muy antiguos, y entregar eso en un consejo público no corresponde, porque no se da el contexto completo de lo que significa», cuestionó.
En la misma sesión, Lucero también reveló que la deuda acumulada por la corporación asciende a 80 mil millones de pesos, una cifra casi equivalente al presupuesto anual completo del Gobierno Regional de Coquimbo.
Este reconocimiento fue valorado por los concejales como un ejercicio de transparencia, pero al mismo tiempo lo consideraron alarmante por la magnitud del déficit. «Es un tema totalmente repudiable, en el sentido que hay una deuda de forma tan exacerbada», señaló Marín, recordando que dentro de la cifra global se incluyen obligaciones impagas con proveedores y lagunas previsionales que aún afectan a los trabajadores de la corporación.
Para el concejal, enfrentar una deuda de esa envergadura requiere un plan de reestructuración claro y no solo ajustes parciales. «Los problemas difíciles no tienen soluciones rápidas. Acá hablar de liquidez es hablar de las personas. A mí me parece insólito que tengamos que desvincular a gente de contabilidad, de marketing o de gabinete, cuando detrás hay familias. Eso es lo que la ingeniería financiera muchas veces olvida: que los números representan personas», sostuvo.
Pese a la gravedad de las cifras, tanto Marín como Pojomovsky coincidieron en que la administración actual ha continuado con contrataciones que no se condicen con la crisis financiera.
«Lo que corresponde es sanear financieramente y después haga lo que usted quiera», apuntó Marín, cuestionando que se insista en ampliar la dotación cuando la corporación atraviesa una situación de virtual quiebra.
Por su parte, Pojomovsky fue aún más explícita en el reclamo por la falta de información. «He solicitado en consejo que se me haga llegar el listado de las nuevas contrataciones en la corporación desde que cambió la administración. Información que no se me ha hecho llegar», denunció.