La Tercera Sala declaró inadmisibles los recursos en contra del proyecto minero-portuario, consolidando su aprobación ambiental. Andes Iron ya tramita permisos sectoriales, estima una inversión de US$ 3.000 millones y activó la búsqueda de un inversionista.
Por Joaquín López Barraza
El proyecto minero-portuario Dominga volvió a la agenda tras el reciente fallo de la Corte Suprema, que despejó parte de los obstáculos judiciales que enfrentaba desde hace más de una década. Con la resolución que dejó a firme su aprobación ambiental, la empresa titular Andes Iron adelantó que busca un socio estratégico y que prepara la fase de construcción para el primer semestre de 2026.
Según constató Diario Financiero, la compañía contrató a un banco de inversión para sumar un nuevo accionista que aporte capital y estabilidad a la iniciativa. Actualmente, el 80% de la propiedad está en manos de la familia Délano Méndez, un 15% corresponde a José Antonio Garcés Silva y un 5% a ejecutivos de la firma.
El fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal, emitido el 16 de septiembre, declaró inadmisibles los recursos presentados por el Gobierno y organizaciones opositoras, consolidando la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) obtenida en 2021. Con este escenario, Andes Iron inició la contratación de firmas de ingeniería para ajustar el diseño del proyecto y puso en marcha la tramitación de 700 permisos sectoriales, de los cuales cerca de 200 son indispensables para dar inicio a las obras iniciales, como cierres perimetrales, caminos y campamentos. Solo esta etapa implicará un desembolso cercano a US$ 20 millones.
La inversión comprometida se elevó a US$ 3.000 millones, por sobre los US$ 2.500 millones originalmente estimados. En su fase de operación, Dominga contempla la extracción de 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 toneladas de cobre como subproducto, durante una vida útil de 22 años. Su magnetita, de alta ley y baja en impurezas, ha sido destacada por su potencial aporte a la producción de acero verde y tecnologías limpias.
El proyecto se divide en tres áreas: la mina y planta de procesos en Dominga, un trazado de ductos y línea de transmisión en el tramo Lineal, y la planta desalinizadora con sistema de embarque en Totoralillo.
Un proceso aún abierto
Pese al nuevo impulso, el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Maisa Rojas, advirtió que la resolución de la Suprema no zanjó el fondo del caso y que todavía existen recursos pendientes en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
Desde la empresa insisten en que el fallo acotó el margen de acción de estas instancias y reafirman su compromiso con la comuna de La Higuera, donde se instalaría el proyecto. Entre los acuerdos destacan el financiamiento de agua potable para la comunidad y el pago de un «royalty social».
Hasta ahora, los socios de Andes Iron aseguran haber invertido US$ 500 millones en una iniciativa que sigue polarizando el debate ambiental y minero en el país.
